El Gobierno ha dado luz verde a la difusión de comunicaciones y archivos que hasta ahora permanecían clasificados sobre el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981.
El Consejo de Ministros aprobó este martes la publicación de estos documentos relacionados con el fallido golpe liderado por el teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Tejero, cuya irrupción armada en el Congreso de los Diputados al grito de “¡quieto todo el mundo!” se convirtió en la imagen más icónica de aquella jornada.
El 25 de febrero de 2026 queda así marcado como la fecha en la que España desclasifica oficialmente los archivos del 23F. Han transcurrido 45 años desde aquellos hechos y, a partir de las 12:30 horas, se harán públicos informes y transcripciones de conversaciones mantenidas por los protagonistas de la asonada.
El Ejecutivo ha detallado que se trata de 153 unidades documentales. La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, afirmó que esta es “toda la documentación” localizada hasta el momento en manos de los ministerios de Defensa, Interior y Asuntos Exteriores.
Desde el Gobierno sostienen que la publicación ya no implica “un riesgo real y presente” para la seguridad nacional. Además, subrayan que estos archivos permanecían protegidos por una normativa heredada del franquismo, lo que califican de “anomalía democrática”. En este contexto, el presidente Pedro Sánchez defendió la decisión con una frase contundente: “los secretos no pueden estar bajo llave”.
Entre las claves de esta decisión figura la voluntad de reforzar la transparencia institucional y cerrar una etapa marcada por el secreto oficial. Sin embargo, las reacciones políticas han sido dispares.
Los socios parlamentarios del Ejecutivo consideran que la medida es positiva, aunque insuficiente. Reclaman la aprobación de una nueva ley de secretos oficiales que permita esclarecer otros episodios recientes de la historia española y recuerdan que el proyecto de ley de información clasificada enviado al Congreso permanece paralizado desde hace meses.
Por su parte, PP y Vox interpretan la iniciativa como una “cortina de humo” del Gobierno, cuestionando la oportunidad y el alcance de la desclasificación.
