La Policía Nacional de El Salvador arrestó la noche de este jueves al comisionado presidencial Christian Flores por supuestamente cometer el delito de cohecho impropio en calidad de autor directo, según informó la Fiscalía General.
El organismo explicó, en un mensaje en su cuenta de X, que Flores “valiéndose de su cargo, como comisionado presidencial, exigía dinero a personas y empresas a cambio de beneficios y participación preferencial en los proyectos estratégicos del Gobierno”.
Indicó que el detenido será presentado a los tribunales correspondientes para que sea procesado y responda ante las leyes.
La Fiscalía agregó que “esto es solo el inicio de una amplia investigación para deducir responsabilidades y de otros delitos de corrupción y que “continuará firme en la lucha contra la corrupción”.
El presidente en licencia y reelecto para un segundo mandato, Nayib Bukele, reaccionó a la detención de Flores y señaló que “no es el primero, y tampoco será el último”.
“Si Dios lo permite, nuestra guerra contra la corrupción será tan exitosa como nuestra guerra contra las pandillas”, agregó.
Bukele anunció en junio de 2023 que su Gobierno llevará a cabo una “guerra frontal” contra la corrupción y señaló que se construirá una cárcel para “los corruptos”.
“Así como hemos combatido frontalmente a las pandillas, con toda las fuerzas del Estado y con todas las herramientas legales que podemos sin titubear en ningún momento, así también iniciaremos una guerra frontal contra la corrupción”, dijo el mandatario durante un discurso en la sede de la Asamblea Legislativa con motivo a su cuarto año al frente del Ejecutivo.
El Observatorio Universitario de Derechos Humanos (OUDH) pidió el miércoles al Congreso de El Salvador que derogue el régimen de excepción con el que el presidente Nayib Bukele lleva adelante una “guerra” contra las pandillas, debido a que ya no resulta necesario.
Su retiro es solicitado “porque lo que causó esa medida excepcionalísima es una situación grave y si se dice que los homicidios ya bajaron, entonces la situación grave ya no existe”, declaró Gabriela Santos, del directorio del OUDH, tras la presentación de un informe anual.
Su cruzada devolvió una aparente tranquilidad a las calles del país centroamericano y elevó su popularidad, lo que permitió que en febrero fuera reelegido para un segundo mandato de cinco años.
Bajo el régimen de excepción han sido detenidos sin orden judicial casi 80.000 presuntos pandilleros, pero la medida es criticada por diversos grupos de derechos humanos.
Renovado cada mes por el Congreso, su término es la principal recomendación del OUDH, que pertenece a la jesuita Universidad Centroamericana y que considera que El Salvador tiene leyes para juzgar a los pandilleros sin normas extraordinarias.
El informe del Observatorio cuestiona el balance oficial de 154 homicidios en el país durante 2023.
La cifra oficial “adolece de subregistro” pues “no toma en cuenta la totalidad de muertes violentas ocurridas”, al dejar “fuera” a quienes murieron en enfrentamientos con la policía, así como los fallecidos en prisión, las osamentas localizadas y la muerte de presuntos pandilleros.
Para el Observatorio, el número real de homicidios en 2023 fue de 309 personas, una tasa de 4,87 homicidios por cada 100.000 habitantes y no de 2,4, como afirman las autoridades.
El coordinador del Observatorio, Jorge Rodríguez, dijo que a finales de 2023 se estimaba que en El Salvador había 104.747 presos, lo que equivale a 1.652 reclusos por cada 100.000 habitantes, “la tasa más alta del mundo”.
Tras insistir en el drama de muchos inocentes capturados sin derecho a defensa, el OUDH demandó “adoptar un programa de reparación integral para las personas privadas de libertad por error policial, fiscal y judicial”.
