Uno de los implicados en el caso Operación Nido, Erick Joan Dorrejo Medina, devolvió $187 mil dólares al Ministerio Público como parte del proceso de resarcimiento a las víctimas que presentaron querellas en contra de los acusados.
La defensa de Dorrejo Medina, exdirector de Políticas de Desarrollo de la Zona Fronteriza en el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD), informó sobre la entrega del dinero al juez Raymundo Mejía, del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, quien conoce la audiencia preliminar del caso.
El abogado del imputado aclaró que la devolución del dinero, realizada el pasado 6 de noviembre, no implica una negociación con el Ministerio Público, sino un acto de reparación hacia los afectados por la presunta estafa.
Por su parte, María Gabriela Rivera Pichardo, vocera de los querellantes, expresó su esperanza de que el Ministerio Público destine parte del dinero entregado por Dorrejo Medina a las víctimas. “Esperamos que sirva para algo”, declaró.
Mientras tanto, la audiencia preliminar fue aplazada para el 7 de marzo, luego de que una de las imputadas no compareciera al tribunal por supuesta intoxicación alimentaria, presentando un certificado médico como justificación.
Además, el juez intimó al abogado Moisés Benjamín Castro Balbi, representante de uno de los imputados, para que explique su ausencia en la audiencia. De no justificarla, el tribunal asignará el caso a la Oficina Nacional de Defensa Pública.
Red de estafa millonaria
El principal acusado en la Operación Nido, Emmanuel Rivera Ledesma, es señalado por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) como el cabecilla de una estructura que estafó a decenas de personas mediante proyectos inmobiliarios fraudulentos.
El monto de la estafa supera los RD$235 millones y los $10 millones de dólares, dinero que, según la acusación, debe ser devuelto a las víctimas. Entre los demás implicados figuran Emmanuel Eduardo Rivera Pichardo, Mirna Catalina Rivera Ledesma, Juan Omar Rosario López, Reilin Arismendy Rosario García, Escarlet Mercedes Cruz Figueroa, María Gabriela Rivera, Wilton Manuel Peralta Brito y Franklin Benjamín Martínez Jokson, así como las empresas Indisarq, SRL y CRD Equipos Pesados, SRL.
Durante la investigación, luego de un reportaje de N Investiga, el Ministerio Público logró incautar casas, apartamentos, vehículos y maquinaria pesada, adquiridos presuntamente con fondos obtenidos a través de la estafa. También se determinó que parte del dinero fue utilizado para financiar el lujoso estilo de vida de los acusados.
La desarticulación de la red fue posible gracias a 25 allanamientos realizados en San Cristóbal, Dajabón, Espaillat, Sánchez Ramírez y el Distrito Nacional, donde se confiscaron múltiples bienes vinculados a los imputados.
El tribunal espera que en la próxima audiencia del 7 de marzo, el Ministerio Público inicie formalmente la presentación de la acusación contra los encartados.
