El proceso de apelaciones del llamado “juicio del siglo” del Vaticano se reanudó este martes tras una serie de reveses para la fiscalía del papa Francisco que podrían influir de forma decisiva en el resultado del caso, el alto Tribunal de Casación confirmó la desestimación total de la apelación presentada por los fiscales y, el mismo día, el fiscal jefe Alessandro Diddi renunció al proceso, en medio de cuestionamientos sobre su actuación.
La decisión implica que los acusados, entre ellos el cardenal Angelo Becciu, solo pueden aspirar ahora a que sus condenas sean reducidas o anuladas. Becciu y otros ocho procesados fueron sentenciados en 2023 por delitos financieros tras un juicio de dos años relacionado con la inversión del Vaticano en una propiedad de 350 millones de euros en Londres.
La renuncia de Diddi se produjo tras la controversia generada por chats de WhatsApp que, según la defensa, revelan un esfuerzo prolongado para dirigir la investigación contra Becciu, los mensajes pusieron en duda la credibilidad del proceso y sugieren conductas cuestionables de investigadores, fiscales y del propio entorno papal.
Diddi rechazó las acusaciones como “infundadas”, pero se recusó “para evitar que las insinuaciones y falsedades sobre mí sean explotadas para dañar y perjudicar el proceso de esclarecimiento de la verdad y afirmación de la justicia”.
De haber sido declarado incompatible por la Casación, todo el caso podría haber sido anulado. Sin embargo, el tribunal de apelaciones determinó que sus actuaciones seguían siendo válidas pese a su posterior apartamiento.
El juicio original, iniciado en 2021, se centró en la compra de la propiedad londinense. Los fiscales sostuvieron que intermediarios y funcionarios vaticanos estafaron a la Santa Sede con decenas de millones de euros en comisiones y luego la extorsionaron por 15 millones adicionales para ceder el control del inmueble. Becciu fue condenado por malversación a cinco años y medio de prisión, mientras otros ocho acusados recibieron condenas por fraude, abuso de poder y delitos financieros, aunque fueron absueltos de varios cargos.
Todos los procesados apelaron sus sentencias y la fiscalía también recurrió el fallo, al considerar que el tribunal desestimó su teoría de una conspiración general para defraudar a la Santa Sede. Diddi intentó reintroducir su planteamiento inicial, pero el tribunal rechazó su apelación por falta de la “especificidad” exigida por la ley. El Tribunal de Casación ratificó ese criterio en un fallo del 9 de enero.
Las nuevas apelaciones se concentran ahora en el papel del papa Francisco durante la investigación. La defensa sostiene que los acusados no podían recibir un juicio justo en un sistema donde el pontífice concentra el poder legislativo, ejecutivo y judicial. El eje de la disputa son cuatro decretos secretos firmados por Francisco en 2019 y 2020, que otorgaron a la fiscalía amplias facultades de vigilancia, incluidas escuchas telefónicas sin restricciones y la posibilidad de apartarse de leyes vigentes.
Los decretos nunca se publicaron oficialmente y salieron a la luz poco antes del juicio. No establecieron límites temporales ni supervisión judicial independiente. Expertos legales sostienen que su carácter secreto vulneró el principio de “igualdad de armas” entre defensa y acusación, ya que los abogados desconocían los poderes ampliados de la fiscalía. Incluso funcionarios vaticanos han reconocido en privado que la falta de publicación fue problemática.
El tribunal sostuvo inicialmente que no hubo violación del principio de legalidad porque el papa tenía autoridad para dictar esas normas. Según el derecho canónico, el pontífice no puede ser juzgado por nadie más que por Dios, aunque tampoco puede promulgar leyes contrarias a la ley divina. Ese punto podría convertirse en un dilema jurídico si la corte concluye que los decretos vulneraron derechos fundamentales de los acusados.
