San Salvador (AP).- El Congreso salvadoreño, controlado por el partido Nuevas Ideas del presidente Nayib Bukele, aprobó el jueves la 40ma prórroga del régimen de excepción que suspende garantías constitucionales de la población, durante el cual más de 87.000 personas han sido detenidas acusadas de formar parte de las pandillas o colaborar con estos grupos criminales.
En su solicitud, el gabinete de seguridad del presidente Bukele argumentó que han identificado “intentos de reorganización” de pandillas, tráfico de drogas o extorsión.
La nueva prórroga —que permanecerá vigente hasta el 3 de agosto— recibió la aprobación de 57 de los 60 diputados. La diputada Claudia Ortiz, de conservador partido VAMOS, votó el contra. Los dos diputados de la derechista Arena se retiraron a la hora de votar.
Después de que las pandillas asesinaran a 62 personas en una sola jornada, el 27 de marzo de 2022, el Congreso aprobó un estado de excepción que, según organismos nacionales e internacionales, ha resultado en graves violaciones a los derechos humanos.
En agosto de 2024, Bukele dejó abierta la posibilidad de prescindir de la medida, pero ha seguido prolongándola, alegando que persiste la amenaza de las “pandillas” que por más de tres décadas aterrorizaron al país centroamericano.
En un documento enviado al Congreso, el gabinete de seguridad destacó que las políticas de seguridad “han tenido un exitoso resultado que ha supuesto la reducción del número de homicidios y la captura de más de 87.100 terroristas”. En los últimos 30 días las autoridades han reportado 700 capturas más.
Sin embargo, el propio gobierno ha reconocido que el 90% de los detenidos se encuentran en prisión a la espera de juicio y que se ha tenido que liberar a 8.000 personas por falta de pruebas.
Las organizaciones defensoras de los derechos humanos aseguran que podría haber hasta 25.000 inocentes encarcelados.
La nueva prórroga mantiene la suspensión de derechos constitucionales como el de ser informado sobre los motivos de la detención o el de tener acceso a un abogado. Además, las fuerzas de seguridad pueden intervenir las telecomunicaciones sin orden judicial y se extiende la detención sin audiencia judicial de 72 horas a 15 días.
