Fue a petición del Ministerio Público que una corte anuló las condenas de Wander Franco y la madre de la menor abusada, ordenándose un nuevo juicio para ambos, en Puerto Plata.
Dicha petición se hizo para tratar de obtener una condena mayor sobre Franco, que en primera instancia fue sentenciado a dos años de prisión suspendida por abuso psicológico y sexual de la menor. El órgano acusador pide 5 años para él.
También fue condenada a 10 años de reclusión la madre de la adolescente por explotación sexual y comercial, y además, se le impuso el pago de una indemnización y el decomiso de bienes.
Ahora, en un nuevo juicio, el Ministerio Público confía que obtendrá mayores condenas para los imputados. De hecho, un equipo de fiscales está listo para volver a litigar y entrar en acción contra los acusados, en procura de lograr condenas ejemplares y más severas.
Nuevo juicio
El nuevo juicio fue ordenado por los jueces del tribunal de alzada Onasis Pelegrín, Xiomara Tineo y Juan Suardi, quienes sopesaron los argumentos de las partes, incluyendo el presentado por el Ministerio Público, contra la sentencia dictada en junio pasado en primera instancia.
Condenas anuladas
Franco Aybar fue condenado en primera instancia a 2 años de prisión, bajo suspensión de la pena, así como al pago de 10 salarios mínimos y las costas penales del proceso.
El procesado fue hallado culpable de violar el artículo 396, letras b y c, del Código para la Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes (Ley 136-03)
El tribunal en primera instancia impuso la pena suspendida, disponiendo que Franco Aybar no se acerque a adolescentes con fines sexuales y en caso de incumplimiento de la medida deberá cumplir la pena en prisión en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) San Felipe de Puerto Plata.
Mientras que la madre de la víctima fue condenada a cumplir 10 años de prisión en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Rafey Mujeres, en Santiago, al establecer el tribunal, con base en las pruebas aportadas por el Ministerio Público, que la mujer incurrió en delitos de explotación sexual comercial y lavado de activos. Además, la sentencia establece el pago de una multa equivalente a 30 salarios mínimos en beneficio del Estado dominicano.
Asimismo, como solicitó el órgano acusador, se ordenó el decomiso de los siete bienes que les fueron incautados a la procesada, incluyendo un solar ubicado en Villa Montellano con una extensión superficial de 600 metros cuadrados, un carro del año 2023, un depósito bancario de RD$2,100,000, así como la suma de 68 mil 500 dólares y 800 mil pesos dominicanos.
Por igual, los equipos celulares y todos los valores colocados en la cuenta de la madre de la víctima, que fueron inmovilizados por el Ministerio Público en virtud de una orden especial y autorización judicial. De igual manera, le ordena el pago de las costas penales del proceso.
