El Senado italiano aprobó este jueves la ley de reforma constitucional del sistema judicial, que prevé la separación de las carreras de fiscal y juez, y ahora se iniciará la campaña para el necesario referéndum confirmatorio que está previsto en la primavera de 2026 y en el que el Gobierno de Giorgia Meloni se juega mucho, al ser una de sus grandes batallas.
El proyecto de ley constitucional obtuvo en su cuarta y última votación 112 votos a favor, 59 en contra y 9 abstenciones tras una sesión en la que se profirieron gritos entre los bancos de la oposición contra la reforma.
«Con la aprobación en cuarta y última lectura de la reforma constitucional de la justicia damos un paso importante hacia un sistema más eficiente, equilibrado y cercano a los ciudadanos. Un hito histórico y un compromiso concreto cumplido en favor de los italianos», expresó Giorgia Meloni en sus redes sociales.
Los miembros de la coalición gubernamental ya han destacado que no se trata de un referéndum sobre Meloni, pues en el país se recuerda que, en 2016, el entonces primer ministro Matteo Renzi presentó una la reforma constitucional que habría puesto final sistema bicameral y creado un Senado de las regiones autónomas, pero perdió la consulta, lo que forzó su dimisión.
Se prevé una larga y dura campaña marcada por una fuerte controversia tanto por la oposición, que la aprovechará para atacar al Gobierno -sobre todo de cara a las elecciones de 2027-, como por la propia magistratura que se opone al cambio.
«A partir de mañana, comenzaremos a recoger firmas de parlamentarios para solicitar un referéndum confirmatorio», confirmó Pierantonio Zanettin, de Forza Italia, el partido que más apoya la reforma, ya que era uno de los deseos de Silvio Berlusconi.
El Gobierno teme que una derrota se interprete como un varapalo a la labor del Ejecutivo y sobre todo puede incidir además la baja afluencia a las urnas, que se ha dado en los últimos comicios y sobre todo en los referéndums, donde se necesita el 50 % de la participación para que sean válidos.
Desde el momento de la publicación de la ley en el Diario Oficial, tal y como se exige a las reformas constitucionales que no hayan sido aprobadas por una mayoría de dos tercios de los diputados y senadores, se necesitará presentar la petición de un referéndum referendario y, en un plazo máximo de cuatro meses y medio, deberá celebrarse, por lo que tendría lugar entre mediados de abril y principios de junio.
La innovación más significativa, que es la que más polémica está causando, es la separación de las carreras entre los jueces de instrucción (fiscales) y los jueces de sentencia, es decir, entre el fiscal que lleva a cabo las investigaciones y el juez que dicta sentencia.
Asimismo, habrá un doble Consejo Superior de Magistrados (CSM), correspondiente a dos consejos superiores para magistrados y fiscales.
Para quienes están a favor, introducir trayectorias profesionales diferenciadas desde el principio, con exámenes de oposición específicos, y prohibir el traslado entre ambos cargos refuerza la independencia de los jueces respecto de los fiscales y permite que quienes deben dictar sentencia posean competencias específicas.
En cambio, la Asociación Nacional de Magistrados ya anunció una movilización en contra al considerar que la reforma «pone en peligro la plena realización del principio de igualdad de los ciudadanos ante la ley», ya que debilita al juez y acerca al fiscal al poder ejecutivo».
