11 años lleva la justicia oriental conociendo el caso de desfalco al Ayuntamiento de La Romana por más de 200 millones de pesos, durante la gestión del entonces alcalde Juan Antonio Adames y compartes, y no hay forma de obtener un veredicto.
Este viernes la defensa de Rafael Augusto Rocha Trinidad, extesorero del ayuntamiento romanense, recusó a los jueces del tribunal Colegiado de La Romana, luego de que el tribunal fallara en contra varios incidentes que buscaban dilatar más el proceso.
Los acusados son: Juan Antonio Adames Bautista (Tony), Rafael Augusto Rocha Trinidad, Remigio Antonio Pilier Mercedes, Francisco Severino Nolasco, así como Michael Ferreyra Berroa, en sus calidades de alcalde, ex tesoreros, encargado de compras y de obras municipales del ayuntamiento.
Están acusados de falsificación, uso de documentos, prevaricación, desfalco y por constituirse en asociación de malhechores, en perjuicio del Estado dominicano.
Las condiciones estaban dadas para que hoy se conociera la audiencia sin mayores inconvenientes: se fijó audiencia, todos los testigos presentes, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) representada por los fiscales Elizabeth Paredes y Ernesto Guzmán, incluido los testigos y documentaciones.
Sin embargo, al tribunal rechazar los pedimentos de suspensión y otras técnicas dilatorias, los magistrados fueron recusados por la defensa de Rocha Trinidad.
Este caso se conocía en jurisdicción privilegiada en la Corte de Apelación de San Pedro de Macorís, debido a que hasta el pasado 24 de abril, Tony Adames era el alcalde de La Romana donde hubo más 100 reenvíos. Tras perder las elecciones, el expediente fue trasladado al Tribunal Colegiado de La Romana y todavía continúan los incidentes dilatorios, una especie de historia sin fin.
LA ACUSACIÓN
Tony Adames y compartes están acusado por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa de desfalcar al Estado por 200 millones de pesos, en su gestión de alcalde 2010-2016.
Conforme a la Pepca, el exalcalde romanense y compartes enfrentan cargos por falsificación y uso de documentos, prevaricación, desfalco y por constituirse en asociación de malhechores en perjuicio del Estado dominicano.
El expediente acusatorio es el No. 334-2022-EPEN-00896, sustentado en violaciones a los artículos 123, 145, 150, 151, 166, 265, 266, del Código Penal Dominicano.
Por ese caso se le dictó prisión domiciliaria, como medida de coerción, pero, para el cinco de septiembre de 2017, al edil le fue variada la medida de coerción a presentación periódica e impedimento de salida del país.
