El presidente de la República, Luis Abinader, expresó su oposición al «barrilito», en medio de una ola en aumento de voces que se oponen a la práctica.
El dinero lo entrega cada mes la Gestión Provincial Senatorial del hemiciclo. Los fondos entregados hace poco a 30 de 32 senadores correspondientes al mes de septiembre ascendieron a unos 21,580,000. Las mayores asignaciones fueron para el Distrito Nacional y San Cristóbal con RD$1,059,000.00 cada una de las demarcaciones.
Su postura sobre el controversial tema la fijó durante una entrevista con la periodista Alicia Ortega para su programa El Informe, que se transmitirá este lunes por Color Visión, canal 9. “No, yo estoy en contra del barrilito, en contra de todas esas acciones”, fue la respuesta que dio cuando se le cuestionó sobre esos fondos.
Ese dinero se les asignan a los legisladores de acuerdo a la cantidad de habitantes de su demarcación y que ha sido definido como una práctica aberrante y una forma de clientelismo, que les permite a los asambleístas hacer política con los recursos del Estado.
Otro punto al que se refirió el mandatario durante la entrevista fue el planeamiento de algunos senadores de su partido (PRM), de que renunciarían a esos recursos “cuando el Gobierno supla las necesidades de los comunitarios de sus provincias”. A esto, el jefe de Estado contestó que los legisladores tampoco están proveyendo esas necesidades con el dinero que reciben.
“Bueno lo que yo creo es que tenemos que … porque ellos tampoco lo suplen con el barrilito, qué puede ser un millón de pesos, ¿qué lo van a suplir?, ellos no lo van a suplir tampoco”, adujo.
Para Emmanuel Esquea Guerrero, dirigente del PRM, el “barrilito” viola la Constitución que dice: “ninguna institución establecerá beneficios a sus incumbentes, sino para un periodo posterior. “El principio de inconvalidabilidad artículo 7-7. 131-11 mantiene su inconstitucionalidad”, refirió.
En contra del “barrilito” se han pronunciado entidades, políticos, historiadores y ciudadanos. De los 32 senadores, solo dos decidieron no aceptar los fondos:Eduardo Estrella, de Santiago, y Antonio Taveras Guzmán, de Santo Domingo. Tras esto, hubo una presión tan fuerte sobre la senadora Faride Raful, quien había admitido los recursos que le correspondían (1,059,000.00 ) que tuvo que anunciar que declinaba a ellos.
No obstante, antes de renunciar a esos fondos, Raful tenía en agenda “redirigirlos” y/o usarlo en una “Oficina Técnica Legislativa”, pero sus planes no convencían a las personas que le exigían constantemente por las redes sociales que cumpliera su promesa de campaña de eliminar el “barrilito” y someter un proyecto de ley para ello.
