El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció este viernes restricciones de visado contra funcionarios de la República Popular China (RPC) por la “represión” contra comunidades religiosas y étnicas “marginadas”.
“Estados Unidos sigue promoviendo la rendición de cuentas en defensa de los Derechos Humanos en China”, señaló en un comunicado el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller.
Washington apuntó contra Beijing por no cumplir con “sus compromisos de respetar y proteger los Derechos Humanos”. En particular, justificó esta decisión por el “genocidio y crímenes contra la humanidad” en la región autónoma de Xinjiang, en alusión a la minoría musulmana uigur.
Asimismo, el escrito menciona la erosión de las libertades fundamentales en Hong Kong, donde el pasado marzo se aprobó una nueva legislación sobre seguridad nacional que, de acuerdo con la Administración estadounidense, “podría utilizarse para eliminar a la disidencia”. Por este motivo, el Departamento de Estado estadounidenses ya anunció restricciones de visado a funcionarios de este territorio.
También han motivado estas medidas la “represión transnacional” ejercida por las autoridades chinas y las “persistentes” violaciones de Derechos Humanos en la región del Tíbet. A este respecto, el presidente Joe Biden anunció este mismo viernes la ‘Ley para promover la resolución del conflicto entre el Tíbet y China’, destinada a fomentar los derechos de los tibetanos y la preservación de “su patrimonio lingüístico, cultural y religioso”.
“Mi Administración seguirá instando a la RPC a reanudar el diálogo directo, sin condiciones previas, con el Dalai Lama, o sus representantes, para buscar un acuerdo que resuelva las diferencias y conduzca a un acuerdo negociado sobre el Tíbet”, señaló el mandatario estadounidense en una nota de prensa.
Por último, el Departamento de Estado ha instado a las autoridades chinas a respetar los Derechos Humanos y a liberar de manera “incondicional” a sus nacionales que se encuentran detenidos “arbitaria e injustamente”, entre otras recomendaciones emitidas este año por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
Asimismo, el portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Matthew Miller, informó este viernes que el Ejecutivo estadounidense aprobó la imposición de sanciones a una empresa iraní implicada en la proliferación de armas químicas en el país.
“El Departamento de Estado ha impuesto hoy sanciones a la empresa de investigación Hakiman Shargh por su participación en la investigación y el desarrollo de armas químicas en Irán”, explicó Miller en una nota de prensa en la que matizó que “estas sanciones se imponen de conformidad con la Orden Ejecutiva 13382, que se dirige contra los proliferadores de armas de destrucción masiva y quienes los apoyan”.
A este respecto, agrega el comunicado, EEUU ha señalado a la mencionada compañía por “participar o intentar participar en actividades o transacciones que contribuyen materialmente a la proliferación de armas de destrucción masiva por parte de Irán”, tras “reiterados llamamientos” de Washington a Teherán para “poner remedio a su incumplimiento de la Convención sobre Armas Químicas”.
Miller recordó que Estados Unidos denunció en reiteradas ocasiones desde 2018 que “Irán no cumple con la Convención sobre las armas químicas por no declarar plenamente sus actividades e instalaciones relacionadas con las armas químicas”.
En la misma línea, ya este año, la Casa Blanca ha denunciado además la violación por parte de Teherán de la Convención sobre armas químicas, “debido a su desarrollo de agentes basados en productos farmacéuticos como parte de un programa de armas químicas”.
“Estados Unidos seguirá oponiéndose a cualquier intento del régimen iraní de desarrollar armas químicas, incluidas aquellas que puedan ser utilizadas por sus representantes y socios para apoyar la agenda desestabilizadora de Irán de incitar y prolongar conflictos en todo el mundo”, ha sentenciado Miller.
Estas declaraciones llegan el mismo día en que un tribunal iraní ha condenado a Estados Unidos a pagar $6.800 millones (cerca de €6.245 millones) en concepto de daños causados por las sanciones impuestas después de que Washington abandonara de forma unilateral en 2018 el acuerdo nuclear firmado tres años antes.
