Estados Unidos presentó este lunes su informe anual sobre los derechos humanos en la República Dominicana y los demás Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
En cuanto al país caribeño, el Departamento de Estado realizó duras críticas por la corrupción gubernamental, problemas con la independencia del Poder Judicial, así como denuncia de asesinatos ilegales o arbitrarios por parte de las fuerzas de seguridad.
Otros de los problemas de derechos humanos “más importantes” señalados por EE. UU. son tortura por parte de la policía y otros agentes del gobierno; condiciones penitenciarias severas y que ponen en peligro la vida.
Además de detenciones arbitrarias, injerencia arbitraria en la vida privada, difamación penal de periodistas individuales; tráfico de personas; y violencia policial contra personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales.
Se trata del primer informe presentando por el presidente estadounidense Joe Biden, así como el inicial que toca el gobierno del presidente dominicano Luis Abinader, el cual tomó posesión el pasado 16 de agosto de 2020.
Privación arbitraria de la vida y otros asesinatos ilegales
“Las ejecuciones extrajudiciales de civiles por parte de agentes de la Policía Nacional son un problema”, se lee en el documento, el cual resume que entre el 2007 y 2019 más de 3,000 personas murieron durante enfrentamientos con la policía o las fuerzas de seguridad. Y se desconoce el número exacto de ejecuciones extrajudiciales.
Se recibieron informes de que los miembros de las fuerzas de seguridad, principalmente la policía, llevaban a cabo prácticas de tortura, golpes y abusos físicos, dice el informe. La impunidad fue un problema dentro de ciertas unidades de las fuerzas de seguridad, especialmente la Policía Nacional.
También se menciona el hacinamiento en las prisiones del viejo modelo penitenciario, las inadecuadas condiciones sanitarias y de salud, física como mental.Libertades
Afirmó que, aunque los medios de comunicaciones expresan una variedad de opiniones, “el gobierno suele influir en la prensa”, en parte a través de sus grandes presupuestos de publicidad.
“En general, las personas y los grupos pudieron criticar al gobierno en público y en privado sin represalias, aunque se produjeron varios incidentes en los que las autoridades intimidaron a miembros de la prensa”, indica.
De igual forma, mencionó la dispersión a la multitud que se manifestaron en solidaridad a las protestas de Black Lives Matter que acontecieron en Estados Unidos, y luego se esparcieron en todo el mundo.Elecciones y participación política
El documento hace un resumen del caótico año electoral en la República Dominicana con la suspensión de las elecciones municipales debido al fallo del voto automatizado y las protestas que se generaron después.
También las pospuestas elecciones presidenciales y legislativas debido a la pandemia del COVID-19. Cita las observaciones de la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre campañas políticas ilegales generalizadas fuera de sitios de votación, indicaciones de compras de votos, falta de transparencia financiera de parte de los partidos políticos y los candidatos, y el uso ilícito de los fondos del estado durante la campaña.Corrupción y falta de transparencia en el gobierno
“El gobierno no implementó la ley de manera efectiva y los funcionarios con frecuencia se involucraban en prácticas corruptas con impunidad”, asegura el informe.
Precisa que la Procuraduría General investigó a funcionarios presuntamente corruptos, pero que el mayor obstáculo fue “la falta de voluntad política” para enjuiciar a personas acusadas de actos de corrupción, en particular a personas bien conectadas o que fueran funcionarios o políticos de alto nivel.
“La corrupción gubernamental siguió siendo un problema grave y un clamor público”, destaca.Abuso infantil
El abuso de niños menores de 18 años, incluido el abuso físico, sexual y psicológico, “fue un problema grave”.
Destaca que, a pesar del marco legal para combatir el abuso infantil, las organizaciones no gubernamentales (ONG) del país informaron que se denunciaron pocos casos a las autoridades y aún menos fueron procesado.Personas con discapacidad
Revela que las personas con discapacidad en el país enfrentaron durante el año pasado discriminación en el empleo, la educación, el sistema judicial, la atención médica y el transporte.
Que persiste la brecha en la implementación de la ley que prevé el acceso a servicios básicos, como el acceso al mercado laboral, así como a actividades recreativas y culturales a este grupo poblacional.Grupos minoritarios nacionales / raciales / étnicos
Hubo evidencia de prejuicio racial y discriminación contra personas de raza o tez negra, haitianos o aquellos percibidos como de nacionalidad haitiana. Actos de violencia, criminalización y otros abusos basados en la orientación sexual y la identidad de género.
La discriminación limitó la capacidad de las personas LGBTI para acceder a la educación, el empleo, la atención médica y otros servicios, de acuerdo con el documento.
Los representantes de las ONG informaron de una discriminación generalizada contra las personas LGBTI, en particular las personas transgéneros y lesbianas, en la atención médica, la educación, la justicia y el empleo. “Las personas LGBTI a menudo se enfrentan a intimidación y acoso”, sostiene el indorme.Derechos de los trabajadores
Se lee que los empleados gubernamentales y los servidores públicos esenciales no pueden hacer huelga.
El gobierno no hizo cumplir efectivamente las leyes relacionadas con la libertad sindical y la negociación colectiva, y las sanciones no fueron acordes con otras leyes que implican la negación de los derechos civiles.
El proceso para abordar las violaciones laborales a través de los tribunales penales puede llevar años, dejando a los trabajadores con una protección limitada mientras tanto.
“El gobierno no hizo cumplir efectivamente la ley contra la discriminación en el empleo y las sanciones no fueron proporcionales a las sanciones por otras violaciones de los derechos civiles”, agrega.
Además, de que las autoridades llevaron a cabo inspecciones, pero no hicieron cumplir de manera efectiva el salario mínimo, las horas de trabajo y las normas de SST. Las sanciones por violaciones no fueron proporcionales con los de delitos similares.
Para leer el informe completo del Departamento de Estados haga clic aquí y para acceder a la sección sobre la República Dominicana, aquí.
