(EFE).– Luego de que el Congreso de Estados Unidos, controlado por el Partido Republicano, aprobara este martes la nueva ley fiscal, esta destinará miles de millones de dólares al proyecto antimigratorio del presidente Donald Trump.
El mandatario ha calificado la ley como una “gran y hermosa” victoria, y con este presupuesto, el mayor gasto del Gobierno en agencias de seguridad se asignará, por amplio margen, a temas relacionados con la inmigración. La concesión será ocho veces mayor que todo el presupuesto del FBI y 13 veces superior al de la DEA.
Con un gasto previsto de casi 170,000 millones de dólares en los próximos cuatro años, la ley permitirá el aumento del número de agentes de migración, con la creación de unos 20,000 nuevos puestos. Además, financiará la construcción de nuevos centros de detención para migrantes e invertirá en tecnologías de vigilancia, incluida la inteligencia artificial.
En concreto, la ley destina más de 64,000 millones de dólares a la construcción del muro fronterizo y 70,000 millones a la detención de migrantes, lo que incluye la construcción y mantenimiento de los centros de detención, así como el transporte de deportados.
Para llenar estos centros, el Gobierno tiene previsto contratar a más de 20,000 nuevos agentes para el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) y para la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés).
El CATO Institute, un laboratorio de ideas conservador, predice que, con la entrada en vigor de esta ley, la cifra de personas detenidas en centros de inmigrantes se cuadruplicará: de 50,000 actualmente, a más de 200,000 en todo el país.
Aumento en los costos de trámites migratorios y humanitarios
Además, la ley aumentará los costos de algunos trámites migratorios. Por primera vez, se cobrará un monto de 1,000 dólares para solicitar asilo, un estatus diseñado para proteger a las personas que huyen de la persecución política, religiosa, social o racial en sus países de origen.
El costo para solicitar un permiso de trabajo será de 550 dólares, y dicho permiso tendrá una validez de solo seis meses. Además, se cobrará una tarifa anual de 100 dólares a quienes tengan una solicitud de asilo pendiente.
Apelar una decisión de un juez de migración costará 900 dólares (antes se cobraban 110), y también se elevará a 500 dólares el costo de solicitar un Estatus de Protección Temporal (TPS).
