SANTIAGO. – La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de este distrito judicial, válido la solicitud, y la calidad y contundencia de las pruebas e impuso prisión preventiva contra los cabecillas de la estructura criminal que la Operación Colibrí puso al descubierto, y que poniendo en riesgo la seguridad jurídica del país, incurrieron en falsedad de documentos públicos y otros crímenes.
Las decisión de la jueza Iris Sugelly Borgen Santana, sugiriere que la organización criminal no sólo incurrió en delitos graves, como advirtió en su solicitud el Ministerio Público, sino que además fueron un camino para la comisión de otros crímenes, por lo que declaró el proceso de tramitación compleja e impuso prisión preventiva durante 18 meses a los procesados cabecillas de la estructura, advirtiendo el tribunal de la estrecha vinculación de todos los implicados y subrayando que «este tipo de estructuras no se forman de la noche a la mañana».
Las decisión de la jueza Iris Sugelly Borgen Santana, sugiriere que la organización criminal no sólo incurrió en delitos graves, como advirtió en su solicitud el Ministerio Público, sino que además fueron un camino para la comisión de otros crímenes, por lo que declaró el proceso de tramitación compleja e impuso prisión preventiva durante 18 meses a los procesados cabecillas de la estructura, advirtiendo el tribunal de la estrecha vinculación de todos los implicados y subrayando que «este tipo de estructuras no se forman de la noche a la mañana».
Los implicados falsificaron actas de nacimiento, cédulas de identidad, títulos universitarios y de propiedad, licencias de conducir, licencias para el porte de armas, entre otros documentos públicos.
La Fiscalía de Santiago trabaja junto a la Dirección General de Persecución del Ministerio Público y la Policía Nacional, en la investigación, con el apoyo de la Junta Central Electoral, uno de los organismos cuyo sistema se vio vulnerado por los imputados.
La irrefutable imputación del Ministerio Público, representado durante la audiencia por las fiscales Sourelly Jáquez Vialet, Yeny Liranzo, Esther González y Elvin Ventura, llevó a tres de los imputados a admitir los delitos, poniéndose a disposición del órgano investigador y a comprometerse con colaborar con la investigación.
La jueza destacó la exposición del delito de falsificación de un documento público y como esta «simple posesión», como entiende puede verse, de una certificación irregular puede dar lugar a numerosos actos contrarios a la ley.
El Ministerio Público, haciendo uso de numerosas diligencias de investigación, incluyendo la figura del agente encubierto o investigador bajo reserva, que bien valoró el tribunal, se extendió durante más de un año en la identificación de los miembros de la estructura, el rol que desempeñaba cada uno, la recolección de datos y el alcance de sus ejecuciones.
El tribunal valoró la calidad y la contundencia de las pruebas aportadas en esta etapa inicial y otorgó un plazo de ocho meses para que se deposite acusación formal contra los implicados.
Entre las pruebas materiales, el Ministerio Público aportó plásticos para la impresión de cédulas, carnet, licencias de conducir y para el porte de armas de fuego; también títulos de propiedad falsificados, entre otros elementos que constituyen una irrefutable demostración de la implicación de los detenidos con los hechos.
Los imputados se enfrentan a cargos penales descritos en los artículos 265, 266, 145, 147, 148, 150 y 151 del Código Penal Dominicano; también los artículos 13 y 14 numeral 4 de la Ley 8-92 sobre Cédulas de Identidad y Electoral; artículos 86 y 88 de la Ley 172-13 sobre Protección Integral de los Datos Personales; artículo 6 párrafos 17, 18 y 19 de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.
En adición, contra Acevedo García, se presentan cargos por la violación a los artículos 66 y 67 de la Ley 631-16 para el Control y Regulación de Armas de Fuego y Materiales Relacionados.
