Nicaragua revocó este martes la nacionalidad y confiscó los bienes a un nuevo grupo de ex detenidos políticos, un total de 135 personas que por mediación de Estados Unidos fueron enviadas la semana pasada a Guatemala, en una práctica utilizada antes y que la ONU rechaza.
La medida fue anunciada por el poder judicial, señalado de estar al servicio del gobierno de Daniel Ortega y de su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, que ha aumentado la represión desde las protestas de 2018, según la ONU.
Un tribunal de Managua ordenó la “pérdida de la nacionalidad nicaragüense a 135 personas, condenadas por hechos delictivos que atentaron contra la Soberanía, Independencia y Autodeterminación del Pueblo Nicaragüense” y “dispuso el decomiso de todos los bienes de los condenados”, según un comunicado.
RFI pudo conversar con uno de los 135, Jason Salazar, activista político detenido en 2023, que dice sentirse “desterrado” y “golpeado” y señaló en nuestra antena: “El destierro es una medida que Ortega y Murillo aplican para los nicaragüenses. Después de 18 meses en los que estuve encerrado en los calabozos del régimen, forzadamente me veo salir al exilio, al destierro, y con la noticia de que según la dictadura ya no somos ciudadanos nicaragüenses. Pero el “ser nicaragüense” es algo que no nos pueden arrebatar”.
Ahora Salazar y otros compañeros tienen que adecuarse a una nueva vida, en algunos casos sólo por haberse expresado en contra del gobierno. “Nos encontramos en un proceso de reasentamiento. Estamos intentando buscar la mejor manera para resolver nuestra situación migratoria en Guatemala. Hay muchos compañeros que estuvieron presos, y ahora quieren viajar y estamos en ese proceso”.
La ONU denunció este martes una ley aprobada por el parlamento de Nicaragua, controlado por el gobierno de Ortega, que podría intensificar, en su opinión, la “represión” de los nicaragüenses exiliados, cuyos derechos llamó a “proteger”. El Consejo de los Derechos Humanos de la ONU debatió en Ginebra el informe sobre la situación en Nicaragua, presentado por Christian Salazar Volkmann, responsable del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.
El gobierno de Ortega ha endurecido la legislación y la represión tras las protestas opositoras de 2018. Desde entonces han sido cerradas unas 5.500 oenegés y sus bienes fueron confiscados. Las protestas dejaron en tres meses más de 300 muertos, según la ONU, y desde entonces miles de nicaragüenses han partido al exilio y cientos han sido expulsados y sus bienes confiscados.
“La comunidad internacional todavía no entiende el tipo de régimen con el que se está lidiando, no es una dictadura al uso” explica en RFI Manuel Orozco, responsable del programa de migración de la organización Diálogo interamericano. Orozco habla de “purgas” constantes cada tres meses que van reseteando el gobierno.
Tras la llegada de los 135 exdetenidos a Guatemala, un enviado estadounidense pidió a Ortega que no los despojara de la nacionalidad nicaragüense, como hizo con otros presos políticos liberados y opositores exiliados.
