En la República Dominicana, los espacios destinados a representar el rostro visible de la seguridad ciudadana se encuentran sumidos en el deterioro. Los destacamentos policiales, que deberían ser centros funcionales y dignos para proteger a la población, son en muchos casos casuchas de madera, zinc corroído, filtraciones constantes, baños insalubres y celdas inhumanas que atentan contra los derechos fundamentales.
Un reportaje de este diario volvió a poner sobre la mesa una realidad denunciada desde hace más de una década: la precariedad es la norma en los cuarteles policiales del país. En 2013, se advirtió que de 702 destacamentos, al menos 500 ameritaban remodelación urgente. Doce años después, aunque se han levantado nuevas instalaciones y remozado algunas, la mayoría continúa en condiciones indignas.
Del pasado al presente: cambios insuficientes
El equipo periodístico recordó que, en aquel entonces, había destacamentos donde las denuncias se escribían en máquinas de escribir o en simples cuadernos, como ocurrió en el cuartel de Guachupita. En Villa Duarte, los ciudadanos eran enviados a redactar querellas en un negocio contiguo, pagando hasta 100 pesos por imprimirlas.
En la visita más reciente con cámara oculta, se constató que ahora hay computadoras e impresoras para recibir denuncias, pero los problemas persisten. Filtraciones en los techos obligan a colocar cubetas para recoger el agua de las lluvias, mientras que los agentes se ven forzados a trabajar sin condiciones mínimas de higiene ni seguridad.
Un informe de Participación Ciudadana en 2016 reveló que el 40% de los destacamentos carecía de agua y apenas el 32% tenía electricidad las 24 horas. Hoy, casi diez años después, la situación no ha cambiado significativamente, pese a que la Policía Nacional cuenta con un presupuesto aprobado para 2025 de más de 25 mil millones de pesos y la promesa oficial de transformar la infraestructura como parte del plan “Mi País Seguro”.
Deplorables condiciones en zonas urbanas y rurales
El recorrido de este diario incluyó varios cuarteles del Distrito Nacional y Santo Domingo Este. En Los Mina Viejo, un destacamento construido hace más de 50 años todavía funciona en un caserón de zinc y cemento, mientras que la construcción de una nueva sede inició hace cinco años y aún no se ha concluido. Los agentes, sin espacio ni mobiliario, se ven obligados a permanecer sentados en un viejo sillón fuera de la edificación.
En La Zurza II, barrio marcado por la pobreza y la violencia, el cuartel sí cuenta con computadoras e internet, pero las condiciones internas son insalubres: paredes deterioradas, ventanas rotas y celdas de apenas 4 metros cuadrados donde se hacinan hasta 15 personas sin baño, obligados a hacer sus necesidades en el mismo espacio. Un exdetenido relató: “Ahí usted lo que va a coger es cualquier enfermedad, no hay higiene, se siente un mal olor insoportable”.
La situación se repite en el sector Simón Bolívar, donde los residentes viven atemorizados por la ola de atracos mientras el destacamento local apenas tiene dos mesas viejas y carece de computadoras, internet y baños. Según el Indotel, el 75% de los destacamentos del país todavía no tiene conexión a internet, pese al plan “Destacamentos Conectados” iniciado en noviembre de 2024.
En el Ensanche La Fe, con más de 22 mil habitantes y rodeado de instituciones clave como Salud Pública y Obras Públicas, no existe un cuartel en condiciones. Lo único disponible es un furgón sobre una acera, prestado desde 2008, sin baños ni espacio para detenidos. Líderes comunitarios denuncian que hasta las policías mujeres no saben dónde hacer sus necesidades.
En el interior del país, el panorama es igual o peor. En Juan López, provincia Espaillat, el cuartel está construido sobre una cañada y presenta grietas que amenazan con su colapso. En Fantino, Sánchez Ramírez, la fachada luce bien, pero la parte trasera está agrietada, poniendo en riesgo la vida de agentes y ciudadanos.
Hacinamiento, plagas y violaciones a derechos humanos
La investigación también reveló que la insalubridad y el hacinamiento convierten las celdas policiales en focos de enfermedades. Mosquitos, cucarachas y la falta de agua potable son parte de la cotidianidad de los detenidos. Testimonios recogidos en cámara oculta describen las celdas como “calabozos medievales”, donde conviven entre heces fecales y orina.
Organismos de derechos humanos advierten que estas condiciones son una violación flagrante de la dignidad humana. Según un informe del Defensor del Pueblo en 2023, el 40% de las denuncias de violación de derechos humanos en el país ocurren en destacamentos policiales, y la Policía Nacional es señalada como la institución que menos respeta las garantías fundamentales.
Los casos de muertes bajo custodia, como el de David de los Santos en 2022, demuestran que las deficiencias estructurales van de la mano con un patrón de violencia y abuso de poder dentro de los destacamentos.
La respuesta oficial: avances lentos y promesas pendientes
El coronel Juan Antonio Bello Balaguer, director de Planificación y Desarrollo de la Policía, aseguró que desde 2020 se han construido o remozado 102 estaciones y que está en marcha un proceso de licitación para 166 más. Sin embargo, reconoció que el avance es lento frente a la magnitud del problema: “La verdad es que hay mucho por hacer. El proceso toma tiempo, pero no podemos desmayar porque la demanda es amplia”, afirmó.
De su lado, Carlos Sánchez, presidente de la Comisión de Interior y Policía de la Cámara de Diputados, admitió que la situación es un “gran reto” que requiere voluntad política, planificación y presupuesto, aunque destacó que en algunos lugares se han logrado mejoras con destacamentos modernos, como el inaugurado en el Ensanche Luperón en 2024.
La gran pregunta
El reportaje de N Investiga concluye con una reflexión: a pesar de las promesas, planes piloto y anuncios de inversión, la mayoría de los 718 destacamentos policiales del país sigue en condiciones precarias, sin equipos, sin conectividad y sin condiciones dignas para policías ni ciudadanos.
La primera línea de defensa contra la criminalidad continúa siendo, en gran medida, un reflejo del abandono estatal. Policías trabajando en condiciones indignas, ciudadanos obligados a trasladarse de un cuartel a otro para poder denunciar, y detenidos sometidos a violaciones de derechos humanos.
Mientras tanto, la pregunta persiste: ¿cuántos años más tendrá que esperar la República Dominicana para contar con destacamentos modernos, dignos y funcionales que garanticen la seguridad y la justicia?
