SANTO DOMINGO. – En medio de los cuestionamientos surgidos contra la Ley 1-24 que crea la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), por considerarla violatoria a varios derechos fundamentales, como es la libre expresión, la libertad de prensa y otros, un miembro de la prensa resultó apresado este martes, mientras grababa frente a las instalaciones de esa entidad, pese a que dicha ley aún no entra en funcionamiento.
Se trata de Aneudy Betances, quien se desempeña como camarógrafo en Multimedios Su Mundo. El joven explicó que se encontraba en los alrededores de las instalaciones del DNI haciendo varias tomas, cuando dos agentes del DNI se le acercaron a decirle que no podía grabar en esa área, y produjeron a ingresarlo a la entidad, a donde le pidieron su documento de identidad y su equipo de trabajo.
«Me revisaron, me quitaron mi documento hasta que duré ese tiempo de 45 minutos y después me despacharon. (…) El equipo se lo llevaron a otra área y yo como ya sabía la situación, cuando iba entrando saqué la memoria de la cámara, lo que tenía grabado para que no se me pierda, me la puse en los bolsillos», explicó.
El joven calificó esta acción como un atropello a la prensa. «Eso es un atropello para nosotros, la prensa, que no tenemos libertad de uno poder realizar su trabajo, es un abuso», dijo.
La Ley 1-24, que crea a la DNI ha encendido la alarma en el país, de aquellos que defienden la libre expresión y libertad de prensa, por considerarla un peligro para dicha profesión, debido a la forma ambigua en que está redactada.
El lunes, la Sociedad Dominicana de Diarios, Inc. (SDD) y el Gobierno, sostuvieron el primer encuentro de una serie de diálogos que se iniciaron para abordar aspectos ambiguos de dicha legislación.
Los próximos encuentros están pautados para el día 30, el segundo el 31 de este mes y una tercera reunión para el 1 de febrero, en los cuales serían invitados otros sectores de la sociedad que han mostrado preocupación por la controversial ley.
Ese encuentro se llevó a cabo en las instalaciones de El Nuevo Diario y estuvieron presentes por la SDD, su presidente Persio Maldonado Sánchez, director general de El Nuevo Diario, el vicepresidente de la entidad periodística, Aníbal de Castro, presidente de Diario Libre y Manuel Tapia López, asesor jurídico y tesorero.
La Sociedad Dominicana de Diarios ha enumerado los artículos 9, 11 y 26 y sus posibles impactos en el ámbito de la libertad de prensa y los derechos a la privacidad y el secreto profesional, ante lo cual inició una serie de consultas jurídicas de rigor con diferentes sectores.
Mientras que la pasada semana el presidente Luis Abinader, quien convocó el diálogo con los sectores que se han pronunciado en contra de algunos aspectos de Ley 1-24, consideró que dicho rechazo se trata de una confusión en la interpretación de la misma.
“Tenemos retos como nunca antes, ataques en temas de ciberseguridad que no estaban ocurriendo anteriormente, tenemos que evitar que como en otros países, el crimen organizado llegue a la República Dominicana, hay retos muy importantes”, dijo el gobernante cuando fue abordado por los medios de comunicación.
El lunes de esta semana, volvió a pronunciarse al respecto, indicando que se hará lo que decida la comisión que tiene a su cargo las reuniones con la Sociedad Dominicana de Diarios y otros actores de la sociedad que se han pronunciado.
Sin embargo, dijo que quien quiera ir al Tribunal Constitucional (TC), puede hacerlo.
En contra de esta ley, los partidos opositores han anunciado que llevarán dicha ley al TC, por considerarla inconstitucional.
Este martes, un grupo de abogados se adelantaron e interpusieron una acción de inconstitucionalidad sobre esta ley.
Uno de los artículos cuestionados es el 11, el cual establece: “Todas las dependencias del Estado, instituciones privadas o personas físicas, sin perjuicio de las formalidades legales para la protección y garantía del derecho a la intimidad y el honor personal, estarán obligadas a entregar a la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) todas las informaciones que ésta requiera sobre las cuales se tengan datos o conocimiento, relativas a las atribuciones señaladas en el artículo 9 de esta ley, para el cumplimiento de sus funciones de inteligencia y contrainteligencia, a los fines de salvaguardar la seguridad nacional”.
