Dos dominicanos indocumentados fueron acusados por el tiroteo a un agente de la Patrulla Fronteriza y de Aduanas (CBP) que estaba fuera de servicio en Manhattan
Christhian Aybar Berroa (22) y Miguel Francisco Mora Núñez (21), ambos dominicanos indocumentados, fueron acusados formalmente en relación con el tiroteo a un agente de la Patrulla Fronteriza y de Aduanas (CBP) que estaba fuera de servicio en Manhattan.
El incidente ocurrió el sábado 19 de julio en Fort Washington Park durante un aparente robo fallido. El oficial herido de CBP -cuyo nombre no ha sido revelado- pareció devolver el fuego contra el pistolero, hiriendo a Mora Núñez dos veces antes de que huyera en una motocicleta conducida por Aybar Berroa, según la fiscalía. Luego éste lo llevó a un hospital donde arrojó bruscamente a Mora Núñez afuera, según la policía.
El caso ha sido citado como detonante de la demanda que el jueves 24 la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, anunció contra el gobierno de la ciudad de Nueva York y al alcalde Adams “por seguir obstruyendo la aplicación de la ley con políticas de ciudad santuario”, escribió en Twitter/X. “Si los líderes de Nueva York no se esfuerzan por proteger a sus ciudadanos, nosotros lo haremos”.
En respuesta el alcalde en campaña de reelección dijo: “Apoyamos la esencia de las leyes locales implementadas por el Concejo Municipal, pero también he sido claro al señalar que van demasiado lejos a la hora de lidiar con los delincuentes violentos en nuestras calles y he instado al Concejo Municipal a reexaminarlas para garantizar que podamos colaborar eficazmente con el gobierno federal para que nuestra ciudad sea más segura. Hasta el momento, el Concejo Municipal se ha negado. Revisaremos la demanda”.
Mora Núñez aún no ha sido procesado en el caso. Ayer Aybar Berroa tuvo una presentación en la corte a la que acudieron casi tres docenas de oficiales de CBP, destacó New York Post. Tendrá una audiencia preliminar el 8 de agosto.
El presunto pistolero, Mora Núñez, fue acusado de “posesión de municiones por un inmigrante ilegal”, lo que conlleva una pena máxima de 15 años de prisión; y Aybar Berroa está acusado de complicidad, lo que conlleva una pena máxima de siete años y medio de prisión. Además están sujetos a órdenes de deportación, según un comunicado del Departamento de Justicia emitido el jueves.
El agente permanece hospitalizado tras recibir disparos en la cara y el brazo. “Como se alega, estos acusados ingresaron y permanecieron durante años en nuestro país ilegalmente, y su actividad criminal culminó en el ataque casi mortal del sábado por la noche contra uno de los nuestros”, declaró el agente especial a cargo de HSI (Investigaciones de Seguridad Nacional), Ricky J. Patel, en el comunicado emitido el jueves. “Mientras seguimos esperando la pronta recuperación del oficial de la CBP, no escatimaremos esfuerzos; se lo debemos a las fuerzas del orden y al público estadounidense en general”.
Esta semana el llamado zar fronterizo Tom Homan amenazó con inundar las ciudades santuario con agentes del ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) después de que el oficial de la Patrulla Fronteriza fuese baleado en Manhattan. Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional (DHS), no escatimó palabras al calificar a los sospechosos como “escoria” y además destacó que ambos tenían antecedentes penales.
Tanto Homan como Noem habían criticado recientemente al Concejo Municipal de la Ciudad de Nueva York por bloquear una orden ejecutiva que permitiría al ICE reabrir una oficina en Rikers Island, la cárcel más grande de NYC. Ambos también cuestionaron al alcalde Adams por no hacer más con respecto a las políticas migratorias en la ciudad. “Las ciudades santuario son ahora nuestra prioridad”, declaró Homan, citado por Fox News.
En febrero Bondi, la entonces nueva fiscal general de Estados Unidos nombrada por Trump, aprovechó su primera conferencia de prensa oficial para anunciar una similar demanda al estado Nueva York, así como a la gobernadora Kathy Hochul, la fiscal general estatal Letitia James y Marc Schroeder -comisionado del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) del estado-, alegando que sus políticas limitan la cooperación con las autoridades federales de inmigración.
Luego, en mayo, el gobierno federal demandó a cuatro ciudades santuario de Nueva Jersey y a sus funcionarios electos por presuntas violaciones migratorias: Newark, Hoboken, Jersey City y Paterson.
En septiembre de 2024 Adams recibió cargos por soborno y fraude en la financiación de campañas, pero fue eximido en abril de 2025 por supuesta orden de Trump al Departamento de Justicia (DOJ) a cambio de apoyar sus políticas migratorias, según sus críticos.
La crisis migratoria ha marcado la gestión de Adams desde 2022, en medio de una batalla política nacional entre demócratas y republicanos. En el verano de 2023 el alcalde declaró que la llegada masiva de inmigrantes “destruiría” a la ciudad, alegando falta de recursos y apoyo del gobierno de Joe Biden.
Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.
