La Corte Suprema dictaminó que los beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS) que ingresaron ilegalmente a los Estados Unidos no pueden solicitar una “green card”.
Además los jueces consideraron que obtener ese beneficio migratorio no cuenta como una forma de admisión al país, lo que no garantiza una estadía permanente en el país, a menos que haya una reforma migratoria en el Congreso que así lo defina.
El caso que revisaron los ministros fue el de Jose Santos Sanchez, originario de El Salvador, que vivió en los EE.UU. durante dos décadas y argumentó que cumplió con ese mandato –de ingreso legal– cuando se convirtió en beneficiario de TPS, pero su petición de “green card” ante Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) fue rechazada.
La opinión fue escrita por la jueza Elena Kagan, quien consideró que los inmigrantes indocumentados, aún bajo protección de TPS, no pueden aplicar por una “green card”, siguiendo los lineamientos de la Ley de Nacionalidad e Inmigración (INA), la cual establece que un extranjero puede obtener Residencia Permanente si ingresó en forma legal al país.
La jueza Kagan considera que los indocumentados con TPS no fueron admitidos legalmente “y su TPS no altera ese hecho”, escribió en su opinión.
“Por lo tanto, no puede convertirse en residente permanente de este país”, cosideró. “Sánchez no ingresó legalmente y su TPS no elimina el efecto de esa entrada ilegal”.
En su explicación, la jueza Kagan dice que el estatus legal y la admisión son conceptos distintos en la ley de inmigración, por lo que establecer el primero no impacta al segundo.
“Sánchez se resiste a esta conclusión, argumentando que la directiva del estatuto de que un beneficiario de TPS ‘debe ser considerado… como no inmigrante’, para los propósitos de §1255 significa que también debe ser considerado como admitido”, explica la jueza. “Pero las leyes de inmigración en ninguna parte establecen que la admisión sea un requisito previo para el estatus de no inmigrante”.
Actualmente hay unas 400,000 personas bajo protección de TPS, pero la cifra aumentará con la asignación de ciudadanos de Venezuela a ese programa, así como la reasignación a originarios de Haití, además de que activistas buscan que se aplique el programa a gente de Guatemala.
Decepción y exigencia
Gustavo Torres, director Ejecutivo de la organzación civil CASA, calificó de decepcionante la decisión del Máximo Tribunal, además de urgir al Congreso a aprobar una reforma migratoria.
“Este fallo demuestra una vez más la urgente necesidad de una reforma legislativa para las comunidades de inmigrantes en Estados Unidos”, dijo. “Las leyes de inmigración están rotas y todos los titulares de TPS, muchos de los cuales han vivido en los EE.UU. durante décadas y han laborado como trabajadores esenciales durante la pandemia de COVID-19, merecen un camino hacia la ciudadanía”.
Torres retomó la postura de otras organizaciones, como Alianza Américas, al pedir al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que redesigne “inmediatamente” a Camerún, Guinea, Guatemala, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Haití, Mauritania, Nepal, Sierra Leona, Sudán, Sudán del Sur, Siria, Las Bahamas y Yemen para TPS.
Eso permitiría que todos los ciudadanos de esos países que están en el país puedan aplicar por dicha protección.
“Para que los inmigrantes de estos países puedan vivir libres del temor de ser deportados”, consideró el activista. “Continuamos luchando por la reforma migratoria e instamos al Congreso a aprobar… la Ley de Sueño y Promesa”.
Actualmente el Congreso tiene tres leyes en discusión que beneficiarían a portadores de TPS: la mencionada Ley de Sueño y Promesa, la Ley de Trabajadores Esenciales y la de Ciudadanía 2021.
