La Corte Suprema de Estados Unidos no sopesará la legalidad de una controversial política del gobierno de Donald Trump tras un acuerdo entre el gobierno del presidente Joe Biden y los estados y grupos que la impugnaron.
El acuerdo se dio en medio de la reconsideración de la llamada regla de carga pública por parte del nuevo gobierno.
Los jueces, a petición del gobierno, también aplazaron causas que habían aceptado considerar sobre el financiamiento de secciones del muro en la frontera con México y la política de forzar a los solicitantes de asilo a esperar en México por sus audiencias.
A finales de febrero, el máximo tribunal acordó considerar una apelación previa de la administración Trump a un fallo de un tribunal menor contra la política de carga pública. La política permite negar el estatus de residencia permanente a inmigrantes que reciban cupones para alimentos, Medicaid, ayuda para vivienda u otras prestaciones públicas. Los jueces habían aceptado considerar el caso pese a que el presidente Biden había pedido una revisión total de la regla.
Sin embargo, el gobierno de Biden retiró la apelación el martes, y dijo que todas las partes involucradas acordaron desestimar la causa.
Los grupos de inmigrantes que habían impugnado legalmente la política dijeron que eso despeja “el camino finalmente para que esta regla ilegítima no sea implementada”. Previamente la Corte Suprema se dividió 5-4 sobre si permitir o no que la regla estuviese en vigor mientras continuaban las apelaciones. La impugnación legal involucró a Nueva York, Vermont, la ciudad de Nueva York y varias organizaciones.
Bajo la política de Trump, los solicitantes de residencia permanente tenían que mostrar que no iban a constituir “cargas públicas”.
La ley federal requería de antemano que aquellos que aspiraran a la residencia permanente o un estatus legal probaran que no serían “cargas públicas”. Pero la regla del gobierno de Trump incluyó una amplia gama de programas federales que podían descalificar a los solicitantes.
Los defensores de los inmigrantes la calificaron de una “prueba de riqueza”, mientras que los expertos de salud pública dijeron que la aplicación significaría peores condiciones de salud y mayores costos, ya que los inmigrantes de bajos recursos tendrían que escoger entre servicios necesarios y sus aspiraciones para quedarse en el país permanentemente.
