Un juez federal de la Corte federal Maryland, en Estados Unidos, rechazó una demanda presentada por el Departamento de Justicia (DOJ) que buscaba permitir al gobierno del presidente Donald Trump ejecutar deportaciones masivas sin revisión judicial. El fallo representa uno de los reveses más significativos contra la política migratoria de la actual administración.
La decisión estuvo a cargo del juez de distrito Thomas Cullen, nominado por Trump en 2020, quien calificó la solicitud como “potencialmente catastrófica”. En su resolución, afirmó que aceptar la petición del Ejecutivo habría significado desconocer “un precedente abrumador” y violentar el principio constitucional de separación de poderes.
El tribunal de Maryland mantiene vigente una orden permanente que prohíbe deportaciones inmediatas sin que los inmigrantes puedan impugnar sus detenciones. La demanda del DOJ pretendía anular esa disposición, lo que, de haberse aprobado, habría permitido al Ejecutivo prescindir del control judicial en miles de casos.
Cullen subrayó que la administración “carece de autoridad legal” para imponer ese tipo de medidas y advirtió que los jueces federales son inmunes frente a acciones que busquen despojarlos de sus facultades. Además, criticó los reiterados ataques de Trump contra magistrados a los que ha calificado como “deshonestos” o “parcializados”, señalando que esa estrategia “no tiene precedentes y es desafortunada”.
Contexto y antecedentes
Entre los jueces mencionados en la demanda se encontraba Paula Xinis, quien en marzo ordenó frenar la deportación ilegal del salvadoreño Kilmar Abrego García. El caso se convirtió en símbolo de la confrontación de Trump con los tribunales de Maryland. En otro episodio, el presidente incluso sugirió un juicio político contra el juez federal James Boasberg, tras bloquear el envío de 238 inmigrantes a El Salvador.
El litigio se originó a raíz de una orden del juez George L. Russell III, que detuvo las deportaciones inmediatas y garantizó que los migrantes que presentaran un Habeas Corpus no pudieran ser expulsados antes de las 4 p.m. del segundo día hábil posterior a la solicitud. Esta disposición también asegura acceso a abogados y la posibilidad de participación en los procesos judiciales.
Reacciones y próximos pasos
La Casa Blanca reaccionó calificando la decisión como un “ataque directo” a la capacidad del presidente para hacer cumplir las leyes migratorias. “Esta no será la última palabra en el asunto”, dijo la portavoz Abigail Jackson, anticipando que el gobierno seguirá litigando.
El DOJ presentó de inmediato una apelación ante el Cuarto Circuito, que podría escalar hasta la Corte Suprema. Mientras tanto, organizaciones de defensa de inmigrantes celebraron el fallo como una victoria para el estado de derecho y una garantía mínima de protección para quienes enfrentan procesos de deportación.
El caso se da en medio de un clima de tensión política entre Trump y el estado de Maryland, cuyo gobernador Wes Moore ha rechazado la intención presidencial de desplegar tropas de la Guardia Nacional en Washington D.C., advirtiendo que no permitirá su uso desde territorio estatal.
