l Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito falló el viernes a favor de la administración de Donald Trump en el caso Svitlana Doe vs. Noem, dictaminando que la terminación de la libertad condicional humanitaria para inmigrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela por parte del gobierno fue legal.
El fallo autoriza la terminación del ‘parole humanitario’ para venezolanos, cubanos, nicaragüenses y haitianos (conocido por las siglas CHNV), que fue otorgado como alivio migratorio durante el gobierno de Biden, en un intento de ampliar las vías legales para migrar a Estados Unidos y reducir los cruces fronterizos irregulares, informó el Justice Action Center, uno de los demandantes, en un comunicado de prensa.
A su vez, el fallo permite que la administración de Donald Trump pueda comenzar a deportar a unos 430,000 inmigrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, amparados pr el CHNV.
El 12 de septiembre de 2025, la Corte de Apelaciones del Primer Circuito dictaminó que la terminación anticipada de la libertad condicional CHNV por parte de la administración, que despojó inmediatamente a cientos de miles de beneficiarios de la libertad condicional CHNV de su estatus legal y autorización de trabajo, probablemente fue legal, según un resumen del caso Svitlana Doe vs Noem que mantiene el Justice Action Center.
Este fallo afecta la legalidad de la libertad condicional y la autorización de trabajo de casi medio millón de beneficiarios de la libertad condicional humanitaria “CHNV” de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela.
Adela de la Torre, subdirectora de Justice Action Center, publicó en Instagram la siguiente explicación del fallo, en español, para aclarar las dudas sobre el mismo.
Este es el primer fallo en el caso de Svitlana Does vs Noem desde la decisión de la Corte Suprema de julio, en respuesta a una petición “de emergencia” de la Administración Trump, en la cual los jueces permitieron avanzar con la cancelación del CHNV, pero dejaron abierta la decisión al Tribunal de Apelaciones para el Primer Circuito, con sede en Boston, Massachusetts.
La decisión de la Corte de Apelaciones podría llevar el caso nuevamente a la Corte Suprema.
