Los congresistas Ro Khanna, demócrata por California, y Thomas Massie, republicano por Kentucky, informaron este domingo que avanzan en una resolución para impulsar una declaración de desacato contra la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, por no haber hecho públicos en su totalidad los documentos del caso Jeffrey Epstein, tal como exige una ley aprobada por el Congreso y promulgada por el presidente Donald Trump.
Ambos legisladores fueron los promotores de la denominada Epstein Files Transparency Act, una normativa aprobada casi por unanimidad que ordena al Departamento de Justicia (DOJ) divulgar, en un plazo de 30 días, todos los archivos relacionados con el caso del delincuente sexual. Ese período venció el pasado viernes, cuando el Departamento comenzó a liberar más de 100,000 páginas de documentos y fotografías, aunque sin incluir la totalidad del material y con numerosos fragmentos censurados.
El DOJ señaló que necesitará varias semanas adicionales para completar la revisión del resto de los expedientes. No obstante, varios congresistas calificaron la divulgación parcial como un “encubrimiento”. Khanna y Massie confirmaron que ya trabajan en la redacción de la resolución de desacato durante una aparición conjunta en el programa Face the Nation de CBS.
“La forma más rápida, y creo que la más eficaz, de hacer justicia a estas víctimas es activar el desacato inherente contra Pam Bondi”, afirmó Massie durante la entrevista.
Khanna explicó posteriormente a The Washington Post que la vía del desacato permitiría avanzar sin necesidad de una votación en el Senado, siempre que la resolución sea aprobada por la Cámara de Representantes. Detalló que el plan contempla conceder a Bondi un nuevo plazo de 30 días para cumplir con el requerimiento legislativo y, de no hacerlo, imponer multas diarias hasta que se publiquen los documentos exigidos.
“Nuestro objetivo no es sacar a Bondi. Es sacar los documentos por las sobrevivientes. Nuestro objetivo es señalar a los hombres ricos y poderosos que fueron a la isla de las violaciones y encubrieron los abusos”, declaró Khanna.
La resolución también prevé que un comité del Congreso tenga acceso a versiones sin tachaduras de los archivos, con el fin de verificar la legitimidad de las ediciones realizadas, según detalló The Washington Post. Entre los documentos que no han sido divulgados figuran registros considerados clave, como entrevistas del FBI con sobrevivientes y memorandos internos del DOJ en los que se evaluaron las decisiones de imputación.
Estos archivos podrían aportar información sobre la forma en que los investigadores analizaron el caso y por qué Epstein pudo declararse culpable en 2008 de un cargo estatal menor por prostitución en Florida, evitando entonces una acusación federal por tráfico sexual, que no se produjo hasta 2019.
Tras la publicación inicial, varios archivos fueron retirados temporalmente del sitio web del Departamento de Justicia, incluido uno que contenía una fotografía en la que aparece el presidente Trump. El DOJ informó posteriormente que los documentos habían sido republicados, aunque la eliminación generó nuevas críticas.
El fiscal general adjunto, Todd Blanche, sostuvo que la retirada se realizó a petición de organizaciones defensoras de las víctimas y que los archivos podrían volver a publicarse una vez aclaradas las consultas planteadas. Algunos de esos documentos ya han sido restituidos.
Blanche reaccionó el domingo a las amenazas de desacato en declaraciones a NBC News. “Que vengan. Estamos haciendo todo lo que debemos para cumplir esta ley”, afirmó. Defendió la decisión de divulgar solo parte de los archivos, argumentando que se actuó para proteger a las víctimas y sobrevivientes, y aseguró que la administración cumplirá finalmente con su obligación legal.
El senador demócrata por Virginia, Tim Kaine, también se refirió al tema y calificó de “prematuro” el llamado a declarar en desacato o destituir a funcionarios del DOJ. En declaraciones a NBC News, sostuvo que el Congreso dispone de otros mecanismos para presionar a la administración, como disposiciones presupuestarias incluidas en leyes de asignaciones.
“Tenemos herramientas en los proyectos de ley de asignaciones presupuestarias y otros instrumentos para forzar el cumplimiento cuando alguien está dando largas, y prefiero centrarme en esas herramientas antes que entrar en debates sobre desacato y destitución”, dijo Kaine.
Para Khanna, en cambio, la iniciativa ya ha generado efectos. A su juicio, la amenaza de desacato ha obligado al Departamento de Justicia a responder públicamente, justificar sus decisiones y reponer algunos de los archivos retirados tras su publicación inicial.
“Obviamente están respondiendo porque saben que somos capaces de reunir los votos en la Cámara Baja. Y saben que hay muchos republicanos, republicanos MAGA, que están molestos con esto”, afirmó en declaraciones a NBC News.
