La Cámara Federal de Casación de Argentina confirmó la condena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos contra Cristina Fernández de Kirchner. Este fallo, emitido por los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, se centra en delitos de corrupción relacionados con la administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública dentro de la llamada “causa Vialidad”, en la cual Fernández de Kirchner fue absuelta del cargo de asociación ilícita.
La investigación comenzó en 2016, tras una auditoría realizada en el gobierno de Mauricio Macri sobre los contratos de obras públicas otorgados en Santa Cruz al empresario Lázaro Báez, quien mantenía vínculos cercanos con los Kirchner. Esta provincia fue el núcleo político de la familia, gobernada por Néstor Kirchner antes de que asumiera la presidencia en 2003.
El juicio, que se extendió por tres años y medio, fue escenario de intensa polarización en Argentina. Para los seguidores de la exmandataria, la causa formaba parte de un lawfare o persecución judicial destinada a proscribirla políticamente. Fernández de Kirchner denunció en varias ocasiones la parcialidad de los jueces y fiscales, especialmente tras la aparición de fotografías que mostraban al fiscal Diego Luciani y al juez Rodrigo Giménez de Uriburu jugando al fútbol en propiedades de Macri. Esto aumentó las tensiones y llevó a marchas en apoyo a Fernández de Kirchner, culminando en un atentado contra su vida en septiembre de 2022.
A pesar de la controversia, la decisión judicial avanzó. Cristina Fernández solo tiene como recurso la posibilidad de apelar ante la Corte Suprema de Justicia.
