El Tribunal de Génova dictó este jueves la primera sentencia por el derrumbe del puente Morandi, ocurrido el 14 de agosto de 2018, y condenó a 32 personas por su responsabilidad en la gestión y mantenimiento de la infraestructura, cuyo colapso dejó 43 fallecidos.
El principal condenado es Giovanni Castellucci, exconsejero delegado de la concesionaria Autostrade per l’Italia (ASPI), quien recibió una pena de 12 años de prisión, según informaron medios italianos.
Entre los sentenciados también figuran Michele Donferri, exresponsable de mantenimiento de ASPI, condenado a 11 años de cárcel; Paolo Berti, exdirector de operaciones de la concesionaria, y Antonino Galata, exconsejero delegado de la empresa supervisora SPEA, ambos sentenciados a cinco años y seis meses de prisión. Asimismo, el exdirector de vigilancia del Ministerio de Infraestructuras, Mauro Coletta, fue condenado a cinco años de cárcel.
El colapso del puente Morandi ocurrió mientras circulaban vehículos sobre la estructura, provocando la muerte de 43 personas, cuantiosos daños materiales y dejando a cientos de residentes sin hogar.
Castellucci no asistió a la audiencia porque cumple otra condena de seis años de prisión por el accidente de un autobús ocurrido en 2013 en el viaducto de Acqualonga, en la provincia de Avellino.
El proceso judicial comenzó el 7 de julio de 2022 y se desarrolló durante 284 audiencias. La Fiscalía de Génova solicitó penas que sumaban casi 400 años de prisión para 56 acusados y la absolución de uno de ellos.
De acuerdo con la acusación, los responsables conocían desde hacía años los problemas estructurales del puente y la necesidad de ejecutar trabajos de mantenimiento que fueron aplazados de forma reiterada.
Los acusados enfrentaron cargos por homicidio múltiple, homicidio culposo, derrumbe culposo, incumplimiento de deberes oficiales, atentado contra la seguridad del transporte, falsedad documental y omisión dolosa de medidas de seguridad en el trabajo.
En total, las condenas impuestas suman 200 años de prisión, según la prensa italiana. La lectura de la sentencia fue seguida por familiares de las víctimas, acompañados por la alcaldesa de Génova, Silvia Salis.
En vísperas del fallo, Autostrade per l’Italia, cuya dirección fue renovada tras la tragedia, envió una carta de disculpa firmada por su actual consejero delegado, Arrigo Giana. Tanto la concesionaria como SPEA han pagado cerca de 60 millones de euros en indemnizaciones a los familiares de las víctimas.
