Unos doscientos ciudadanos preocupados por la masiva migracion de haitianos al territorio nacional pidieron al gobierno del presidente Luis Abinader aplicar la Constitución y las leyes para proteger los intereses de la República de modo “justo y enérgico”.
En un documento enviado a los medios de comunicación bajo el titulo “Proclama en Defensa de la Nación Dominicana”, dicen que constituye un hecho inocultable ante el país y el mundo, que se ha generado una situación lesiva a la nación, consistente en el traslado masivo de haitianos sin documentación que los avale, “para penetrar nuestro sagrado territorio, apoyado con recursos foráneos y locales, produciendo efectos desestabilizadores en todos los órdenes en la vida nacional, y menoscabando cada vez más la cohesión social y territorial de la República”.
Sostienen que esta situación crea temores y fricciones en la población “y nos convierte en cotidianos testigos de episodios de violencia sangrienta, así como del resurgimiento de las viejas prácticas de suplantación de identidades de dominicanos por haitianos, mediante el uso de sobornos y otros medios corruptos”.
Manifiestan que esta situación antes descrita, alienta la permanente pretensión de sectores del liderazgo haitiano “de que nuestro territorio les pertenece y que simplemente lo están recuperando, siguiendo una estrategia de ocupación progresiva, que ha ido pasando de tener un carácter pacífico y silente a otro agresivo y desafiante”.
Los prominentes ciudadanos que firman el documento, entre los que figuran politicos, empresarios, religiosos, profesionales, generales retirados del Ejército y la Policía, aseguran que resulta “altamente peligroso” el ambiente de polarización y confrontación entre fuerzas políticas y sociales que impera en el vecino Estado, “aprovechado por actores foráneos y locales con propósitos siniestros de perturbar la paz y la estabilidad en toda la Isla y la Región del Caribe”.
Además –agregan- constituye motivo de alarma la gran cantidad de bandas organizadas que están recibiendo, desde el exterior, armamento moderno, abundantes municiones, equipos avanzados de comunicaciones y cuantiosos recursos económicos que crean desestabilización en Haití, con alto riesgo de crear la figura del Refugiado, a quien se le impide vivir en su propio país, y se ve “forzado” a refugiarse en República Dominicana.
Afirman que es más que previsible que en un futuro cercano, ante el acentuado deterioro económico y social que ha generado en la República Dominicana y en la Isla de Santo Domingo el impacto de la pandemia Covid-19, se tornen altamente volátiles y explosivas las relaciones entre dominicanos y haitianos, “si nuestras autoridades civiles y militares no hacen un gran esfuerzo de superar la tradicional actitud de debilidad, descoordinación y dispersión, al momento de aplicar la Constitución y las leyes para el cumplimiento de su misión de proteger los intereses de la República, de modo justo y enérgico, como reclamara Juan Pablo Duarte”
Dicen que constituye una “provocación inaceptable”, a la vez que un nuevo y burdo atropello a la soberanía y autodeterminación nacionales, que precisamente en el aniversario de la Sentencia del Tribunal Constitucional 168/13, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) persista en su aviesa e innecesaria campaña de confundir casos de indocumentación provocados por el incumplimiento del gobierno haitiano de sus obligaciones básicas con sus ciudadanos y sus deberes internacionales, “con una supuesta práctica de fomento de la apátrida atribuida al Estado dominicano”.
Resaltan que eso nunca tendrá asidero jurídico en el ámbito de las relaciones dominico-haitianas, toda vez que la Constitución de Haití, en su Artículo 11, “es clara en atribuir la nacionalidad a los hijos de haitianos en virtud del principio de Jus SanguinIs: Los hijos de haitianos, son haitianos donde quiera que nazcan”.
“Resulta adicionalmente de alta preocupación ciudadana que, después del colosal fracaso que representó el llamado Plan de Regularización Migratoria patrocinado por el pasado gobierno -que merece ser investigado en profundidad-, el anterior Presidente de la República, dentro del período de transición luego de pasadas las elecciones del 5 de julio, dictara el decreto número 262-20 de fecha 16 de julio del 2020, concediendo graciosamente a 750 haitianos la nacionalidad dominicana, sobre las bases de expedientes irregulares, plagados de ilicitudes y fraudes”, apuntan.
Este decreto presidencial –siguen diciendo- lejos de ser revisado y objetado por las nuevas autoridades, recibió, en principio, una convalidación injustificada ante el Tribunal Constitucional por parte de representantes del actual Poder Ejecutivo, decisiones que podrían sentar un precedente altamente perjudicial para la soberanía de la nación.
Entienden que esto ocurre cuando el nuevo director del Instituto Nacional de Migración, con amplia experiencia y compromisos probados en el servicio de las agendas internacionales y las organizaciones no gubernamentales, “genera vivas suspicacias con sus primeras declaraciones sobre las relaciones dominico-haitianas”.
Exhortaron al presidente de la República, Luis Abinader, que cumplan con su compromiso de campaña, consignado en su programa gubernamental, de internacionalizar la solución de la compleja crisis haitiana en Haití, al que calificaron en forma responsable y certera “de Estado inviable hoy”.
“En adición, también los instamos a rechazar de manera categórica, los criminales intentos de continuar descargando dicha crisis sobre los hombros del agobiado pueblo dominicano que, por demás, ha sido el más solidario de los pueblos de la tierra con el doloroso drama de esa nación”, expresan.
Sugieren a las autoridades reclamar un esquema de corresponsabilidad de toda la comunidad internacional “para la reconstrucción de las bases nacionales de Haití, en Haití”.
“Es preciso demostrar, con palabras y acciones, que no existe ni existirá solución dominicana a los problemas de Haití. ¡Ese es el mayor desafío del pueblo dominicano y de sus gobernantes del presente y del porvenir, pero, sobre todo, también lo es de toda la comunidad hemisférica, que debe ser interpelada a asumir seriamente sus obligaciones!”, agregan.
Expresan su respaldo a lo que consideran la “correcta y oportuna” intervención del canciller Roberto Álvarez por ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, durante la sesión en que se abordó la situación del vecino Estado y la renovación del mandato de la misión del BINUH.
“Estimamos que sus palabras como representante del Estado Dominicano, marcan un verdadero punto de inflexión en lo que ha sido la política exterior de la República en relación con el abordaje del tema de la prolongada crisis social, económica y política de Haití y de la infructuosa gestión que ha demostrado al respecto, la Comunidad Internacional”, dicen.
La Proclama en Defensa de la Nación Dominicana la firman Manuel Bergés Coradín, Marino Vinicio Castillo Rodriguez, Federico Antún Batlle, Elías Wessin Chávez, Pelegrín Castillo Semán, Teniente General ® José Miguel Soto, Jimenez, Dario Vargas, José Ricardo Taveras Blanco, Juan Miguel Castillo Pantaleón, Efraín Castillo, Pedro Ureña, Miguel Fiallo Calderón, Luis Guzmán, Hipólito Ramírez, Virgilio Malagón, Luis Andrés Pérez Saleta, José Luis Moreno, Juan Francisco Puello Herrera, Fidel Lorenzo Merán, Jottin Cury, Abel Raimundo y Leo Wachmann.
También Marge Jover Rizik, Cristina Aguiar, Mayor General ® Guillermo Guzmán Fermín, Juan Cohén Saunders, Conrado Asencio, Manuel Ortiz Tejada, José Antonio Flaquer, Federico José Alvarez, Juan Manuel Prida, José Antonio Martínez Rojas, Manuel Nuñez Asencio, Luis Marte Matos, Tacito Perdomo, Osvaldo Montalvo y Thania Báez Dorrejo.
Igualmente lo firman Eduardo de Jesús Veras, Marino Elsevit, Elías Pérez Gómez, Betzaida González, General ® Plutarco Medina (ERD), José Martinez Brito, Ernesto Jiménez, Gonzalo Briones, Francis Hernández, Carlos Jiménez Hernández, Leonor Asilis, Mercedes María Estrella, Manuel Antonio Valdez Peña, Óscar Cury Paniagua, Noa Peña, José Ignacio Acero, Felipe Cuello, José Abigail Cruz Infante, Milqueya Portes, Jacobo Simón Rodríguez, Aristides Fernández Zucco, general ® Ricardo Acosta (ERD), Juarez V. Castillo Semán, Vinicio Castillo Semán, Lincy Kasanhara, Moises Arbaje, Pedro Manuel Casals, Rosa Berenice Lulo, Julio Santana de León, entre otros.
