El sargento Quornelius Radford fue arrestado el 18 de mayo de 2025 por conducir bajo los efectos del alcohol, cargo que no era conocido por su cadena de mando en Fort Stewart hasta después del incidente el 6 de agosto de 2025.
Esto indica una falla grave en los protocolos de notificación y plantea la interrogante de ¿cómo un hecho legal significativo, que podría reflejar implicaciones en juicio y conducta, no fue informado al comando? La institución militar debe tener mecanismos automáticos y verificados para que tales arrestos de personal activo se comuniquen inmediatamente por vía oficial.
Según han admitido las propias autoridades de la base militar Fort Stewart, Radford llevó a cabo el ataque usando una pistola personal, en una base donde las armas privadas están prohibidas y sujetas a estrictos protocolos de almacenamiento o registro. ¿cómo ingresó ese arma sin detección ni control de seguridad?
Este hallazgo revela una brecha estructural en la supervisión de acceso a la base y en la política de armas. La cadena de custodia, inspección de vehículos, y control de entradas deben ser revisados de inmediato.
Cadena de mando y responsabilidad institucional comprometida
El general de brigada John Lubas, comandante de la 3.ª División de Infantería y de Fort Stewart, admitió desconocer la detención por DUI y que el arma era personal. Esto plantea un cuestionamiento inevitable y plantea que, si el comandante no se enteró de una medida judicial relevante del personal a su cargo, ¿qué sistemas de reporte y alerta están fallando?
El liderazgo tiene la responsabilidad de asegurar comunicación efectiva entre autoridades civiles y el mando militar. No hay información pública sobre sanciones disciplinarias ni investigaciones administrativas contra Lubas, pero la situación compromete la confianza en su mando.
Se hace necesaria una investigación interna (y posiblemente externa) sobre laxitud o negligencia en el manejo de antecedentes del personal.
Precedentes de fallas institucionales en bases militares y consecuencias a la cadena de mando
Tiroteo de Lewiston, Maine (2023)
Un reservista del Ejército, Robert Card, mató a 18 personas y luego se suicidó. La investigación reveló fallos graves en la comunicación entre hospitales civiles, militares y su cadena de mando, a pesar de señales claras de deterioro mental. Como resultado, tres oficiales fueron sancionados por negligencia en el deber; la acción administrativa efectiva impidió su avance en la carrera militar.
Accidente de Tarnak Farm (2002, Afganistán)
En este incidente de fuego fratricida, la Junta de Investigación concluyó que los pilotos de F‑16 ignoraron los procedimientos, aunque también se identificaron fallas en coordinación y planificación táctica. Se presentaron cargos contra dos oficiales estadounidenses (una acusación posteriormente reducida). Uno fue reprendido y multado; otro fue sancionado y permitido retirarse con una reprimenda formal.
Batalla de COP Keating (2009, Afganistán)
Tras un ataque insurgente que dejó varios soldados muertos, una investigación concluyó que la cadena de mando no fortaleció la base adecuadamente. Cuatro oficiales fueron amonestados o reprendidos formalmente. No obstante, sus nombres permanecieron confidenciales.
Masacre de Haditha (2005–2006, Irak)
Marines fueron acusados de matar civiles, y las investigaciones expusieron una mala gestión inicial en comunicaciones al alto mando. Varios oficiales, incluidos el comandante de batallón, fueron acusados por incumplimiento de deber y asalto negligente. Aunque algunos cargos fueron desestimados, otros fueron procesados formalmente.
Siniestrado accidente del B‑52 en Fairchild AFB (1994)
Un oficial fue juzgado y condenado por negligencia en el deber, perdiendo salario y recibiendo una reprimenda escrita. Este caso evidenció deficiencias en la aplicación de normas de seguridad existentes.
En esta ocasión, en la base Fort Stewart ubicada en el condado de Liberty County del estado de Georgia, en el sureste de Estados Unidos, sede de la 3.ª División de Infantería del Ejército de EE.UU. que aloja al 2.º Equipo de Combate de la Brigada Blindada (2nd ABCT), podría enfrentar consecuencias tan severas como, auditorías a los protocolos de seguridad, revisar cómo se controla el ingreso de armas personales y cómo se comparten antecedentes legales; investigación a fondo del sistema de comunicaciones civiles-militares, evaluando si el sistema electrónico o manual de reporte es eficiente y una evaluación del desempeño y responsabilidad de líderes clave (incluido el general Lubas) en mantener estándares de seguridad.
La falta de consecuencias visibles hasta este momento puede reforzar la percepción de impunidad y falta de control en instalaciones militares.
El caso de Fort Stewart no solo es una tragedia humana, revela grietas estructurales. Desde la ausencia de comunicación de un cargo de DUI hasta la entrada de un arma privada a una base segura, estas fallas exigen respuestas y reformas. El liderazgo, desde el comando local hasta la cúpula del Ejército, debe rendir cuentas y ser evaluado ante una comunidad militar y civil que exige transparencia y protección.
