Al desistirse a defender la regla de carga pública en la Corte Suprema, el gobierno del presidente Joe Biden dio un paso en firme para sepultar el intento de la anterior administración de castigar a los inmigrantes más pobres.
“Siguiendo la Regla 46.1 de las Reglas de esta Corte, todas las partes respetuosamente solicitan que este caso sea desechado… cada parte asumirá sus propios costos”, indica la petición al Máximo Tribunal firmado por Elizabeth B. Prelogar, directora en funciones de la Defensa General del Departamento de Justicia, y Barbara Dale Underwood, Defensora General de la oficina del Fiscal General.
La misiva también incluye a los defensores de inmigrantes, entre ellos los representantes de los estados de Nueva York, Connectituc, Vermont y la ciudad de Nueva York, así como abogados de las organizaciones Make the Road New York, Comité de Servicios Africanos, la Federación Asiatica-Americana, Catholic Charities Community Services y Catholic Legal Immigration Network.
El 2 de febrero, el presidente Biden firmó la “Orden Ejecutiva sobre el restablecimiento de la fe en nuestros sistemas legales de inmigración y el fortalecimiento de los esfuerzos de integración e inclusión para los nuevos estadounidenses” (“Executive Order on Restoring Faith in Our Legal Immigration Systems and Strengthening Integration and Inclusion Efforts for New Americans”), que en su Sección 4 pidió la revisión y acciones consecuentes sobre la carga pública.
“Revisión inmediata de las acciones de la agencia sobre la inadmisibilidad de la carga pública”, pidió el presidente. Esa orden se dirigió a varias dependencias, incluido el Procurador General y el Secretario de Seguridad Nacional.
Hay que dejar en claro que la regla mencionada no fue una creación del gobierno del presidente Donald Trump, sino una reinterpretación y endurecimiento de la normativa que se aplica a inmigrantes, a fin de que no representen un problema para las finanzas del país.
La Administración Biden pide revisar los lineamientos en operación, a fin de determinar nuevas acciones.
“Abordar las preocupaciones sobre el efecto de las políticas actuales de carga pública sobre la integridad del sistema de inmigración y la salud pública de la Nación”, indica la orden. “Recomendar los pasos que deben tomar las agencias relevantes para comunicar claramente las políticas actuales de carga pública y los cambios propuestos, si los hay, para reducir el miedo y la confusión entre las comunidades afectadas”.
La oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) no estaba aplicando la regla propuesta por la Administración Trump, debido a las batallas legales que llegaron hasta la Corte Suprema, pero defensores de inmigrantes y grupos que les ofrecen distintos servicios alertaron que los no-ciudadanos estaban rechazando ayudas sociales, incluso atención por COVID-19, por temor al castigo al solicitar la “green card” o la ciudadanía.
¿En qué consistía?
El DHS redefinió la regla al señalar que los extranjeros que recibían ayudas públicas durante 12 meses, en un periodo de tres años, podrían representar una carga para las finanzas del país.
Esos apoyos incluían cupones de alimentos, apoyos para vivienda y cobertura médica, pero también se consideraron los llamados “bonos de carga pública” –o puntos negativos, como la edad, salud y educación– y la discrecionalidad de los funcionarios de USCIS al momento de evaluar las aplicaciones.
“La regla final define los ‘beneficios públicos’ para incluir cualquier ayuda en efectivo para el mantenimiento de ingresos, ingresos de seguridad suplementarios, asistencia temporal para familias necesitadas, programa de asistencia nutricional suplementaria, la mayoría de las formas de Medicaid y ciertos programas de vivienda”, confirma el DHS.
Los lineamientos fueron defendidos por Ken Cuccinelli, entonces subsecretario interino del DHS.
“Esta regla hace cumplir una ley de hace mucho tiempo que exige que los extranjeros sean autosuficientes, reafirmando los ideales estadounidenses de trabajo duro, perseverancia y determinación”, dijo el funcionario. “También ofrece claridad y expectativas a los extranjeros que estén considerando vivir en los Estados Unidos y ayudará a proteger nuestros programas de beneficios públicos”.
Momento de celebrar
La coalición de organizaciones que enfocaron esfuerzos contra la carga pública celebró la decisión del presidente Biden, apuntando que eso ayudará a salvar vidas al evitar que familias soliciten la ayuda que necesitan.
“Las familias inmigrantes ahora pueden acceder a atención médica, alimentos y asistencia para la vivienda que les salvan la vida, para los que son elegibles, sin temor a perder la oportunidad de obtener la Residencia Permanente Legal”, indican los activistas. “El gobierno de Trump erigió un muro invisible en forma de prueba de riqueza que discriminaba a las personas por motivos de raza como condición para regularizar su estatus migratorio… las familias inmigrantes han estado viviendo con el temor de usar beneficios esenciales como la atención médica, a pesar de servir como trabajadores de primera línea que se encuentran entre los más afectados por COVID-19”.
Los activistas consideraron que la regla de la Administración Trump, que tuvo un intento de aplicación en 2019 antes de ser detenida en tribunales, era “xenófoba” y “racista”.
Este nuevo paso ayudará a convencer a los inmigrantes que pueden solicitar asistencia médica, alimentaria y de vivienda disponibles.
“Son especialmente importantes durante esta crisis económica y de salud pública”, acotaron los defensores.
