“No es cierto que hay una variación de un 26 por ciento, de hecho, yo creo que si se revisan las obras que se han hecho, de las obras que tal vez han tenido menos porcentaje de variación, habrá que incluir a Punta Catalina, porque está en apenas en un 19 o 20 por ciento”.
Así lo afirmó el exvicepresidente ejecutivo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), Rubén Jiménez Bichara, para defenderse de lo alegado por Participación Ciudadana de que el costo final de la controversial Central Termoeléctrica Punta Catalina representa un aumento de 26.16 %, en violación a la Ley de Compras y Contrataciones que solo permite 25 %. Para ser más preciso, dijo que fue de 20.8 %.
A pesar de que Participación Ciudadana se describe como un movimiento cívico no partidista, el exfuncionario peledeísta tildó de política la denuncia. “Ya esto está a un nivel…, Catalina no es un tema técnico sino político”, aseguró.
El pasado 15 de octubre, Participación Ciudada solicitó a la Procuraduría investigar el precio pagado por el Estado al consorcio Odebrecht-Tecnimont-Estrella para construir las plantas en la provincia Peravia, que pasó de US$1,945 millones a US$2,454 millones. Entiende que es ilegal el “acuerdo marco” sobre pagos del proyecto y acusa a Jiménez Bichara de realizar pagos no contemplados y de extralimitarse en sus funciones.
“Me dolió un poco, porque ya lo entendía como algo superado en cuanto al tema del costo de la planta y su variación”, dijo el exfuncionario durante una visita que hizo a la directora de Diario Libre, Inés Aizpún, para responder a los argumentos de Participación Ciudadana publicados en este medio.
Jiménez Bichara enfatizó que el precio del contrato podía ser reajustado en casos específicos y las variaciones hechas fueron con base en la ley. Estimó que si al precio del contrato se le adicionan los valores pagados por concepto de fórmula polinómica, totaliza US$2,029.4 millones, cortado al 15 de junio de 2020, y si a este valor se le suman pagos por variaciones, hace US$2,056.3 millones a la misma fecha.CDEEE hizo gastos que no le correspondían
En la instancia que presentó a la Procuraduría, Participación Ciudadana asegura que la CDEEE, bajo la dirección de Jiménez Bichara, “realizó cuantiosos gastos extras” en el proyecto que deben ser explicados, “acerca de sus motivaciones y los beneficiarios”.
Refiere que de la auditoría o investigación especial que realizó la Cámara de Cuentas a las inversiones y gastos en Punta Catalina entre 2014-2017, la CDEEE no desglosó los gastos que incurría en la obra, sino que creó la llamada “Cuenta de Construcción en Proceso”, donde registraba lo que pagaba al consorcio y lo que asumía por sí o decisión propia.
Indica que, al 31 de diciembre de 2017, esa “Cuenta de Construcción en Proceso” tenía gastos registrados por US$1,943,622,629, por lo que si se habían entregado al consorcio US$1,718,373,666, la CDEEE había gastado de su presupuesto particular US$225,248,963.
Destaca que, en esa cuenta, la CDEEE asumió gastos que debió cargar al consorcio e hizo gastos adicionales que no debía. Cita como ejemplo que, en la auditoría de la Cámara de Cuentas, se señala el desembolso de RD$1,086,139,835 para “nivelación de terreno”, una responsabilidad que correspondía al contratista.
La entidad calcula que si el costo final de Punta Catalina ascendió a US$2,454 millones, el consorcio recibió, además de US$2,340.5 millones, la suma de US$113.5 millones o que ese último monto fue gasto hecho por la CDEEE, sin corresponderle.
Sobre esto, Jiménez Bichara asegura que es “imposible” que la CDEEE hiciera esos gastos. “¿Y quién va a pagar lo que le toca a otro?”, cuestionó.Un gasto “escandaloso”
Participación Ciudadana califica de “escandaloso” el gasto de RD$465 millones de la CDEEE en publicidad hasta el 31 de diciembre 2017, subido a RD$585,166,571 a octubre de 2019. Solicitó investigar lo que gastó entre enero de 2018 y agosto de 2020, para determinar si hubo pagos irregulares que hayan propiciado el enriquecimiento ilícito.El movimiento cívico entiende importante determinar el costo real que implica un préstamo por US$600 millones tomado por el Estado dominicano en Italia, más los préstamos internos tomados por Hacienda, ya que si prospera que el Gobierno privatice o semiprivatice la obra, se estaría adquiriendo “un patrimonio público nominalmente subvaluado, pero que de un día para otro le dejaría enormes ganancias de capital, en una operación opaca con ribetes de corrupción”.
