En los últimos cuatro años, la Procuraduría General de la República y el Instituto Nacional de Custodia y Administración de Bienes Incautados, Decomisados y en Extinción de Dominio (Incabide) han incautado bienes inmuebles, en todo el territorio nacional, ascendentes a más de cinco billones de pesos.
Estas incautaciones obedecen a decomisos por narcotráfico, lavado de activos, corrupción y crimen organizado y totalizan RD$5,556,342,041 millones de pesos.
El historial judicial detrás de estas incautaciones incluye algunos de los casos más sonados de los últimos tiempos en el país.
Los bienes incautados son aquellos que, por orden de una autoridad competente durante una investigación o proceso judicial, quedan prohibidos de ser transferidos o movilizados y pasan bajo control estatal. En cambio, los bienes decomisados son aquellos que, tras una sentencia definitiva, pasan a ser propiedad del Estado de manera permanente.
Muchos de los inmuebles decomisados están vinculados a procesos como el caso Ferrer Abad, el expediente de César Emilio Peralta, conocido como “César el Abusador”, así como de Quirino Ernesto Paulino Castillo.
También figuran propiedades relacionadas a “El Alacrán”, José David Figueroa Agosto, los hermanos Robison y Hurtado, Pascual Cordero Martínez, alias “El Chino”, y, más recientemente, al caso Calamar, que involucra a varios exfuncionarios y empresarios.
Esto no incluye muchos de estos inmuebles todavía están en proceso de tasación.
Del año 2021 al 2024, las autoridades han decomisado un total de 454 propiedades, entre apartamentos, casas, fincas, terrenos, solares, residencias y parcelas.
Entre los bienes decomisados durante los últimos cuatro años figuran 97 apartamentos, cuyo valor de mercado asciende a RD$1,445,445,669 millones de pesos, de acuerdo a las estadísticas de Incabide.
Estas propiedades, en su mayoría, localizadas en sectores residenciales de alto y medio perfil, fueron ocupadas durante diferentes fases de operativos coordinados con la Procuraduría y otras agencias del Estado, en el marco de investigaciones contra redes de crimen organizado y lavado de activos.
Además de los apartamentos, las autoridades han incautado un total de 23 casas, valoradas en conjunto en 884,595,658 pesos, las cuales, según las autoridades, fueron obtenidos ilícitamente o eran utilizadas para operaciones logísticas por parte de organizaciones criminales.
FINCAS DECOMISADAS
En cuanto a propiedades rurales, se registraron ocho fincas decomisadas, con precios que alcanzan los RD$10,551,808 millones.
Se trata, en su mayoría, de terrenos agrícolas y ganaderos que fueron adquiridos a través de operaciones sospechosas o que eran utilizados como fachada para actividades ilegales.
El decomiso de terrenos ha sido igualmente significativo. Un total de 94 propiedades de este tipo fueron incautadas, sumando un valor de mercado que alcanza los RD$1,472,742,185 pesos.
Algunos de estos terrenos se encontraban en zonas estratégicas de expansión urbana o turística, aumentando su valor potencial en el mercado inmobiliario.
Dentro del listado de bienes también figuran 8 solares, con un valor conjunto de 595,148,436 pesos. Por otra parte, se incautaron 20 residencias de lujo, cuyo precio total estimado asciende a RD$430,317,103 millones.
El balance también incluye 23 parcelas, con un valor global de RD$593,540,170 millones, que pertenecían a estructuras criminales o individuos vinculados a delitos de alto impacto.
La mayoría de estos bienes se concentran en zonas clave del país, específicamente en Santiago de los Caballeros, Santo Domingo, el Distrito Nacional, Peravia, Espaillat, San Juan y San Pedro de Macorís.
Estas demarcaciones han sido históricamente señaladas como núcleos donde operan importantes redes de tráfico ilícito, narcotráfico, lavado de activos y corrupción administrativa.
