El socialdemócrata Bernardo Arévalo debe asumir el domingo la presidencia de Guatemala tras enfrentar una incesante arremetida judicial que atribuyó a su promesa de rescatar la frágil democracia guatemalteca de la élite corrupta que según él se aferra al poder.
Este exdiplomático y sociólogo de 65 años, que denunció esa ofensiva como un intento de «golpe de Estado», será juramentado en el Teatro Nacional en una sesión solemne del Congreso que le será adverso.
Desde que pasó en junio al balotaje contra todo pronóstico, sorteó los intentos de la Fiscalía por levantar su inmunidad y anular el resultado electoral, pero deberá encarar la suspensión de su partido Semilla y el riesgo de que sus diputados tengan poco margen de maniobra.
Respaldado por Estados Unidos, la Unión Europea, países latinoamericanos y organismos internacionales, Arévalo relevará al derechista Alejandro Giammattei, a quien sus seguidores acusan de aupar a la fiscal general Consuelo Porras, punta de lanza de la embestida judicial.
La tarea le será inmensa. «Gobernará coexistiendo con la fiscal que» lo «ha atacado» y «afectado la democracia a niveles inimaginables», afirmó a la AFP Edie Cux, director de Acción Ciudadana, versión local de Transparencia Internacional.
Arévalo despertó enormes expectativas en una sociedad hastiada de la corrupción, azotada por la violencia de las pandillas y del narcotráfico, y donde seis de cada diez guatemaltecos vive en pobreza.
«Estamos a punto de empezar un nuevo capítulo en la historia de Guatemala», dijo Arévalo en la red social X, antes Twitter, en la víspera de su investidura.
