El apresamiento por narcotráfico del diputado oficialista Miguel Andrés Gutiérrez Díaz, en los Estados Unidos, pone de nuevo sobre la palestra el auge del crimen organizado y de cómo cada vez más escala en las esferas de poder.
El arresto del legislador fue efectuado por la Administración de Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA) y la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Florida, en coordinación con la Dirección Nacional de Control de Drogas y la Procuraduría General de la República Dominicana.
Fuentes oficiales indican que la operación formó parte del fortalecimiento de la cooperación contra el crimen transnacional entre las agencias antidrogas de Estados Unidos y el país. El reporte anual del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre Control de Narcóticos continúa situando al país como un importante punto de transbordo de narcóticos ilícitos destinados a esa nación y a Europa.
Gutiérrez Díaz fue el quinto más votado en las pasadas elecciones congresuales del pasado año, es propietario de las empresas Constructora Gutiérrez Díaz SRL, Inmobiliaria La Hacienda, Migudi Inversiones SRL y de MAGD Corp. Se le imputa ser miembro de una banda transnacional de drogas que operaba en República Dominicana, Colombia y Estados Unidos del 2014 al 2017, y de ser condenado podría enfrentarse a cadena perpetua en EE.UU.
Tras conocerse el caso, el presidente de la República, Luis Abinader aseguró que “cada quien es responsable de sus hechos; cada quien que pague por sus hechos”.
Los pronunciamientos de Abinader fueron casi a la par con felicitaciones emanadas por la Fiscalía de los Estados Unidos y sus socios federales.
“La DEA Miami investigó el caso, con la ayuda de la Oficina de Asuntos Internacionales de la División Criminal, la Oficina del País de la DEA en Santo Domingo, el Servicio de Impuestos Internos, Investigaciones Criminales (IRS-CI), la Oficina de Campo de Miami, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. -HSI), Oficina de Campo de Miami y Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU., Oficina de Operaciones de Campo de Miami. Los fiscales federales adjuntos Richard Getchell y Ellen D’Angelo, de la Sección Internacional de Narcóticos y Lavado de Dinero en el Distrito Sur de Florida, están procesando el caso”, dice un comunicado.
El Partido Revolucionario Moderno (PRM), también se pronunció e hizo constar ante el país que cada ciudadano y ciudadana es responsable de sus actos personalmente frente al Estado. “Las conductas criminales y antijurídicas tienen el más alto repudio en nuestro partido y no representan en absoluto nuestros valores como organización política”, refirió en un comunicado.
Para el exfiscal del Distrito Nacional, José Manuel Hernández Peguero, lo que está sucediendo confirma la falta de voluntad política de implementar las nuevas leyes que preventivamente detectan el lavado de activos y enriquecimiento por el narcotráfico.
“Impacta en una sociedad cada vez más crítica la rutinaria presencia en el narcotráfico de políticos, militares, policías y funcionarios que ejercen algún tipo de poder, lo cual crea más desconfianza en las autoridades, conformándose cuando EE.UU. los apresa o pide en extradición, pese a ser muy reducidos estos casos”, precisó.
A su juicio solo resta esperar que el Ministerio Público incaute y decomise los bienes ilícitos y con ello logre restituir la maltrecha imagen de ineficiencia que ha caracterizado la persecución contra los narcotraficantes.
Mientras, el secretario general del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Charlie Mariotti, negó que el legislador perremeísta preso en Miami, haya sido miembro de esa organización política.
“Diputado PRM, detenido en Miami por supuesta vinculación con el narcotráfico, no ha sido nunca miembro del @PLDenlinea. Nunca fue precandidato y mucho menos candidato. Es burdo y asqueroso el montaje del documento difundido en las redes. Esa pelota no es de nuestra cancha!”, afirmó Mariotti en su cuenta de Twitter.
Políticos, militares, narcos
Han sido vinculados al narcotráfico: Faustino Ávila, presidente del de la Sala Capitular del cabildo de La Romana, imputado de pertenecer a una red internacional en la región Este del país. También el exaspirante a regidor en Santo Domingo, Melvin Martínez, acusado de negociar con drogas en Venezuela, México y República Dominicana. A este se suma el exaspirante a senador por Hato Mayor, Boanerges Sánchez Nolasco, mencionado en la red de César Emilio Peralta (el abusador). Además el excapitán del Ejército Quirino Ernesto Paulino, apresado con un cargamento de 1,387 kilos de cocaína en el 2004, entre otros.
