El director de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho, informó este lunes que la jueza Nancy Joaquín, de la Tercera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, aplazó para el 3 de septiembre la revisión obligatoria de la medida de coerción impuesta al procurador fiscal Aurelio Valdez Alcántara, imputado en el denominado caso “Cobra”.
Camacho explicó que la revisión estaba pautada para este lunes, pero fue reprogramada por decisión del tribunal, por lo que será conocida el próximo 3 de septiembre.
Valdez Alcántara es investigado por el Ministerio Público por presuntamente recibir un soborno de US$10,000 de un testigo vinculado a la supuesta red de corrupción que habría operado en el Seguro Nacional de Salud (Senasa), caso que el órgano acusador investiga bajo el nombre de Operación Cobra.
Según la acusación, el dinero habría sido entregado a cambio de favorecer intereses relacionados con el proceso penal que involucra a los investigados en esa presunta estructura de corrupción.
La revisión obligatoria de la medida de coerción forma parte del procedimiento establecido en el Código Procesal Penal para que el tribunal evalúe periódicamente la necesidad de mantener, modificar o revocar las medidas impuestas a los imputados mientras continúan las investigaciones.
