El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) podrá portar armas de fuego, investigar a quienes violen las leyes migratorias, ejecutar órdenes de registro y arresto, además de ejercer otras atribuciones habituales de cuerpos federales de seguridad estadounidense.
La nueva regla, publicada este lunes en el Registro Federal, además otorga al director de USCIS la capacidad de ordenar deportaciones expeditas y de investigar violaciones civiles y penales de las leyes migratorias bajo la jurisdicción de la agencia.
USCIS señaló este jueves en un comunicado que tendrá mayor capacidad para apoyar los esfuerzos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) al manejar investigaciones de principio a fin, en lugar de remitir ciertos casos a la unidad de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) dentro del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
La norma, que entrará en vigencia 30 días después de su publicación, permitirá que ICE, HSI y a la oficina de Operaciones de Cumplimiento y Deportación (ERO) se concentren en desmantelar el crimen transnacional y capturar y deportar a inmigrantes indocumentados.
USCIS podrá agilizar la eliminación de atrasos de casos de extranjeros que buscan “explotar el sistema migratorio mediante fraude, procesarlos y expulsarlos del país”, detalló la agencia en el comunicado.
La agencia federal planea de esta forma reclutar y capacitar a “agentes especiales” que ejercerán estas nuevas facultades y serán clasificados como USCIS 1811.
Esta medida permite a USCIS implementar la delegación de ciertas facultades conferidas por la secretaria de Seguridad Nacional se Estados Unidos, Kristi Noem para cumplir plenamente “con sus misiones de seguridad nacional, detección de fraude y protección pública relacionadas con los procesos de inmigración”.
“A medida que la secretaria Noem delegó facultades legales para ampliar las capacidades de aplicación de la agencia, esta norma nos permite cumplir nuestra misión crítica”, señaló Joseph B. Edlow, director de USCIS.
Agregó que la norma “permitirá enfrentar mejor los delitos migratorios, responsabilizar a quienes cometen fraude migratorio y actuar como un multiplicador de fuerza para el DHS y nuestros socios federales de seguridad, incluida la Fuerza de Tarea Conjunta contra el Terrorismo”.
La norma entrará en vigor 30 días después de su publicación en el Registro Federal.
