SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El Ministerio Público acusa a Javier Alejandro Forteza Ibarra, exdirector de Tecnología de la Información y Comunicación (DTIC) de la Procuraduría General, de eliminar “de manera intencional la base de datos de los servidores, encriptar la data de los servidores y de la data de respaldo conectados en línea en línea.
Asimismo denuncia que fue alterada y formateada la data de información de los departamentos administrativos, como son el portal web institucional, impedimentos de salida y el sistema administrativo.
Además supuestamente borró la información almacenada en el correo institucional del dominio pgr.gob.do donde se encontraban alojados los datos y usuarios de los fiscales y personal administrativo, la base de datos de la Dirección de Prisiones, Departamento de Extradiciones, Control de Evidencias y Bienes Incautados, Contabilidad, Tesorería, Transportación y Activo Fijo, entre otras dependencias de la Procuraduría.
El documento menciona que mediante un inventario ordenado por la magistrada Miriam Germán se encontró un dispositivo bloqueador de señal tipo mochila y un equipo antidrone comprado a la compañía Aldelay Groupe por la suma de RD$3,974,15.76, supuestamente para ser utilizados en labores de investigación cuando así la fiscalía lo requiera.
Sin embargo, el levantamiento señala que Forteza Ibarra habría recibido el equipo emitiendo una certificación de fecha 13 de agosto del 2020, afirmando que este equipo se lo había entregado al Despacho del Procurador el 12 de agosto de ese mismo año, no encontrándose ningún registro oficial de esa supuesta entrega y mucho menos los equipos de forma física en ninguna dependencia del Ministerio Público, menos en el Departamento de Tecnología.
Dice que el Centro Nacional de Tecnología remitió tres alertas en fechas 2 de noviembre del 2019, 21 de febrero y 28 de mayo del 2020, informando las vulnerabilidades detectadas a los servicios del portal web de la institución, pero ninguna de estas alertas fueron atendidas por Forteza Ibarra.
Agrega que “en 2018 se determinó que el acusado creó un acceso ilícito en el sistema informática de la Procuraduría para monitorear desde cualquier lugar y de manera remota las computadoras de los fiscales y de áreas administrativas, logrando tomar control de las informaciones de los procesos penales y facilitar el borrado de información almacenados en los discos duros”.
La Pepca asegura que Forteza Ibarra realizó procesos de contrataciones para cursos y capacitación del personal del departamento, los cuales no fueron impartidos al citado personal, así como también, la alteración en los precios por compras de equipos informáticos y de telecomunicaciones.
“De acuerdo con la testigo Raineiry Medina Sánchez lo borrado de las citadas informaciones fueron ejecutadas por él, incluyendo las informaciones de la base de datos del área de Almacén, debido a la actividad delictiva deliberada manifestada y ejecutada por el acusado”, remarca la PGR
