Un grupo de abogados presentó una denuncia ante la Procuraduría General de la República, en la que solicita investigar presuntos homicidios cometidos por agentes de la Policía Nacional, tras documentar, según sus registros, 47 muertes de jóvenes y adolescentes en un período de 42 días.
La denuncia, fechada el 12 de octubre de 2026, señala que los fallecimientos ocurrieron entre el 17 de agosto y el 28 de septiembre de este año, en hechos que, según los denunciantes, fueron presentados por las autoridades como intercambios de disparos.
Los juristas solicitan una investigación penal individualizada para determinar las circunstancias de cada fallecimiento y establecer posibles responsabilidades de agentes de la Dirección Central de Investigación (Dicrim) y otros miembros de la institución.
Asimismo, piden investigar al director general de la Policía Nacional, mayor general Ernesto Rafael Rodríguez García, por su presunta responsabilidad en los hechos denunciados.
En el documento, los firmantes presentan un levantamiento que compara las muertes registradas antes y después del cambio de dirección de la Policía Nacional.
De acuerdo con sus datos, durante los 85 días anteriores a la designación del actual director policial contabilizaron 47 fallecimientos, mientras que en los siguientes 42 días registraron la misma cantidad.
Los denunciantes sostienen que el promedio pasó de una muerte cada 1.8 días a más de una muerte diaria, según las cifras recopiladas.
También afirman que, durante los primeros 14 días de la nueva gestión, se produjeron dos fallecimientos, mientras que en los 28 días posteriores documentaron otros 45.
Estas estadísticas corresponden a un levantamiento elaborado por los denunciantes y no constituyen una verificación independiente de los hechos ni una determinación judicial de responsabilidad.
Los abogados cuestionan las circunstancias en que ocurrieron las muertes y sostienen que varios casos fueron presentados oficialmente como enfrentamientos armados.
En ese sentido, solicitan determinar si existieron actuaciones contrarias a la ley, uso ilegítimo de la fuerza, encubrimiento o complicidad por parte de agentes policiales.
La denuncia también hace referencia a la expresión «clave 29», utilizada en la jerga policial para referirse a una persona fallecida.
Los firmantes plantean investigar si determinadas declaraciones atribuidas al director policial pudieron interpretarse como instrucciones que incentivaran actuaciones ilegales.
No obstante, estas acusaciones forman parte de los argumentos presentados por los denunciantes y deberán ser examinadas por las autoridades correspondientes.
Denuncia incluye nombres de presuntas víctimas
El documento contiene una relación de 47 personas fallecidas, con sus nombres o identificaciones disponibles, fechas y lugares donde presuntamente ocurrieron los hechos.
Entre los casos señalados figuran jóvenes de distintas comunidades del Gran Santo Domingo, Santiago, Azua, Barahona y otras provincias.
Los abogados también mencionan supuestas contradicciones entre versiones ofrecidas por la Policía Nacional y testimonios de familiares de algunas víctimas.
Por esa razón, consideran necesario que el Ministerio Público examine las circunstancias de cada caso y determine si los agentes involucrados actuaron conforme a los procedimientos legales.
Entre las peticiones formuladas, los denunciantes solicitan que la Procuraduría asuma la investigación y requiera las actas levantadas en los operativos donde se produjeron las muertes.
También reclaman recopilar pruebas periciales, testimonios, registros audiovisuales y otros elementos probatorios que permitan establecer las circunstancias de los fallecimientos.
Asimismo, piden examinar las posibles responsabilidades penales de los agentes intervinientes y sus superiores, incluido el director general de la Policía Nacional.
La denuncia fue suscrita por Carlos Balcácer, Enrique Vallejo Garib, Cándido Simón Polanco, Guarionex Ventura, Ibo René Sánchez, Manuel Sierra Pérez y Valentín Medrano Peña.
Los firmantes solicitaron que las investigaciones se desarrollen conforme a la Constitución, el Código Procesal Penal y las disposiciones nacionales e internacionales sobre derechos humanos.
El documento constituye una solicitud de investigación y no una decisión judicial que establezca responsabilidades penales contra los funcionarios señalados.
Hasta la información disponible en el escrito, no consta una decisión de la Procuraduría sobre la admisión de la denuncia ni una respuesta oficial de la Policía Nacional a los señalamientos.
