Santo Domingo.- Tras los interrogatorios a los que fue sometido Argenis Contreras, sus abogados esperan que el Ministerio Público realice nuevos apresamientos de políticos del Partido Revolucionario Moderno (PRM)- incluyendo funcionarios- y del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).
Contreras está implicado en la muerte del abogado Yuniol Ramírez y los escándalos de corrupción en la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA) y durante cinco días emitió declaraciones al órgano acusador.
“Nosotros lo que queremos es que salgan a buscarlos presos porque tienen nombres, dirección, hasta el número de cedula de esos coimputados que deben ser coimputados, no nada más los muchachos que están presos…es que los empresarios, los políticos del PLD y del PRM, que andan hablando duro, están metidos hasta el tuétano en este proceso y tienen que estar presos y ellos (Ministerio Público) tienen la información”, expresó este viernes el jurista Plutarco Jáquez.
Jáquez, defensor de Contreras, no dio los nombres, que según dijo, su cliente mencionó en los interrogatorios que le hizo la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), en febrero pasado, cuando fue deportado al país desde los Estados Unidos.
“Lo que tiene es que darle uso a esas declaraciones y trancar esa gente, que vengan pal´ bote que andan hablando duro trajeados, ahí hablando incluso de ataque a la corrupción y son un grupo de corruptos, pero no solo del PLD hay del PRM también que hoy son funcionarios que tienen que ver a este proceso, que tarde o temprano tienen que venir”, agregó.
El togado dio estas declaraciones, luego de que la jueza Yanibel Rivas, del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, aplazó la audiencia preliminar contra Contreras, para el 16 de abril a las 2 de la tarde, a los fines de que la acusación presentada por el Ministerio Público le sea entregada a la defensa, pues no se la habían notificado.
Más temprano, el hermano de Yuniol y abogado en este proceso, Ramón Ramírez, afirmó que el Ministerio Público no les ha informado sobre lo que dijo Contreras en los cinco interrogatorios y quieren que se los entreguen.
Sobre este particular, el abogado de Contreras, afirmó que no están de acuerdo con que las entreguen a los familiares de Yuniol, que son querellantes en el proceso, pues son informaciones confidenciales.
Luego de que la audiencia fue aplazada, Contreras fue trasladado, bajo fuertes medidas de seguridad, al Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo-Hombres donde cumple prisión preventiva.
El Ministerio Público ha otorgado al caso la calificación jurídica de asociación de malhechores, asesinato y ocultamiento del cadáver, así como actos de soborno.
Argenis Contreras es acusado por el Ministerio Público como autor material en el secuestro y asesinato de Yuniol Ramírez en octubre de 2017, un hecho vinculado con actos de corrupción administrativa mientras se desempeñó como funcionario en la OMSA durante la gestión de Manuel Rivas.
El abogado Yuniol Ramírez, quien presidía la Convergencia Nacional de Abogados (Cona), fue hallado muerto con un block de concreto atado a su cuello mediante una cadena, en un arroyo de Hato Nuevo, en la provincia Santo Domingo.
Luego de esto, Argenis Contreras huyó del país, y tras tres años fue traído a suelo dominicano desde Estados Unidos para que responda por los hechos que se le imputan.
La semana pasada, el mismo tribunal, el Cuarto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, envió a juicio de fondo a los demás implicados en el crimen. Ellos son José Mercado (El Grande), Víctor Ravelo Campos (El Herrero); Jorge Luis Abreu Fabián (El Taxista) y Heidy Carolina Peña.
Y también, a los acusados por los actos de corrupción en la OMSA, Manuel Rivas y Faustino Díaz.
La investigación sobre malversación de fondos en la OMSA está a cargo de la Dirección Nacional de Persecución del Ministerio Público y de la Pepca, que dirigen los procuradores adjuntos Yeni Berenice Reynoso y Wilson Camacho, desde que la magistrada Miriam Germán Brito dispuso la avocación del caso de corrupción que era liderado por la Fiscalía del Distrito Nacional.
