La abogada Laura Acosta Lora, parte del equipo de letrados que representa al exministro y excandidato presidencial Gonzalo Castillo, dijo que dos de los empresarios que acordaron con el Ministerio Público un criterio de oportunidad para que los dejaran fuera del proceso penal del caso Calamar «se van con 7,615 millones en los bolsillos» del Estado dominicano.
Adelantó que recurrirán la decisión de la jueza que conoce el expediente de corrupción por excluir a esa defensa de la audiencia de homologación del acuerdo, que calificó de ilegal.
Acosta Lora y su compañero Luis Rivas, otro de los abogados de Castillo, insisten en que las negociaciones del grupo de seis imputados con el órgano acusador se hicieron por «la parte trasera», contrario a otros expedientes recientes, que se realizaron durante las vistas.
Dijo que Ramón Emilio Jiménez Collie, alias Mimilo, y José Arturo Ureña «se van con 7,615 millones en los bolsillos» como parte de esos «arreglos» en los que no se les perseguirá penalmente.
- «El señor Ramón Emilio Collie y José Arturo Ureña tienen una empresa que se llama Trossachs Enterprises que, en la medida de coerción se dice que esa empresa se cogió, a través del reconocimiento de deudas y de expropiaciones 7,615 millones (de pesos), que hoy son beneficiarias con el criterio de oportunidad», dijo Acosta Lora.
Agregó que esa empresa, la Trossachs Enterprises, «no está imputada, no está en ningún acuerdo» y otras compañías que tienen como socios a los dos empresarios, «tampoco están imputadas».
Aplazan audiencia del caso Calamar
Este jueves, la divergencia entre el Ministerio Publico y querellantes sobre los bienes inmuebles y muebles que serían devueltos por los seis imputados a los cuales se les solicitó el criterio de oportunidad, motivó el aplazamiento de la audiencia de homologación por parte de la jueza Altagracia Ramírez.
La nueva fecha de la vista fue prorrogada para el 25 de julio, después que incluso se les entregara a los acusados que se oponen a la negociación con el órgano acusador una resolución en la que se decidió que no tenían calidad de participar en la audiencia.
Los que serían beneficiados, de ser acogida la petición del Ministerio Público, con el criterio de oportunidad y se dejarían fuera del proceso penal, serían Fernando Crisóstomo Herrera, Ramón Emilio (Mimilo) Jiménez Collie, Víctor Matías Encarnación Montero, José Arturo Ureña, Belkis Antonia Tejeda Ramírez, Natalia Cesarina Beltré Torres y la empresa Grupo Dibefe, S.R.L.
Gonzalo Castillo, exministro de Obras Públicas, forma parte de la supuesta red que, según el Ministerio Público, defraudó al Estado dominicano y a varias familias con más de RD$41 millones.
También están acusados en la alegada trama los exministros Donald Guerrero y José Ramón Peralta, el exsenador de Azua, Rafael Calderón y varios abogados, entre ellos Ángel Lockward, Juan Tomas Polanco Céspedes y los hermanos Ana Linda y Emir José Fernández.
