La defensa de los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, imputados por el colapso del techo del Jet Set Club que dejó 235 muertos y más de 180 heridos, reveló que el testigo clave del Ministerio Público, Gregorio Adames Arias, conocido como Gregory, cobró sus prestaciones laborales y firmó un descargo legal de sus prestaciones pero se negó a firmar un acuerdo de no demanda por los hechos acontecidos el 8 de abril, tres días antes de rendir su primera declaración formal ante las autoridades.
Según documentación presentada por los abogados de los imputados, Gregory recibió un pago de RD$363,005.02 por parte de la empresa Inversiones E & L, SRL, propietaria del Jet Set. El pago se efectuó el 19 de mayo de 2025 y fue legalizado ante la notaria Dra. Cristina Rosario, mediante un finiquito firmado voluntariamente por el exempleado. La defensa alega que esta suma corresponde a sus prestaciones laborales acumuladas, reconocidas de buena fe, a pesar de que Gregory había renunciado formalmente el 7 de marzo de 2025, lo que legalmente extinguía sus derechos laborales. No obstante, la empresa decidió reconocerle la totalidad del tiempo trabajado desde el inicio de su relación laboral, como una muestra, afirman, del trato afable y humano que ha caracterizado a la familia Espaillat.
El expediente de la defensa incluye como evidencia una carta de renuncia firmada por Gregory en la que agradece a la empresa por el buen ambiente profesional y humano durante su permanencia en el centro. También se presentó la notificación enviada al Ministerio de Trabajo, el 26 de marzo, formalizando la salida del empleado. Además, se incluyó un mensaje de WhatsApp enviado el 21 de marzo por Gregory al número de David Fernández, en el que justificaba su renuncia alegando motivos económicos.
La defensa no desmiente directamente las acusaciones hechas por Gregory ante el Ministerio Público, donde lo señala como testigo clave al afirmar que los dueños del establecimiento conocían sobre la debilidad estructural del techo que colapsó. Sin embargo, cuestiona el momento en que se realizaron los pagos, sugiriendo que podría haber una contradicción entre su papel de testigo y los beneficios económicos que recibió justo antes de su declaración.
Juristas consultados por este medio indican que el problema no radica en que Gregory haya recibido dinero, sino en el momento y la forma en que lo recibió, justo antes de su colaboración con la fiscalía, lo que podría afectar su credibilidad como testigo estrella.
La defensa también presentó impresiones de conversaciones por WhatsApp entre Gregory y Carmen Burgos, asistente de Antonio Espaillat, fechadas el 17 de mayo de 2025. En esos mensajes, Gregory se quejaba de que lo habían dejado solo y de que estaba recibiendo llamadas de distintas personas, incluyendo representantes del Ministerio Público. En una de las frases textuales escritas por Gregory se lee: “¡Me están llamando de todos lados y del Ministerio Público! Me voy a defender”. Según los abogados, estos mensajes fueron eliminados posteriormente por Gregory y no figuran en el informe de extracción de datos del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), lo que plantea interrogantes sobre la integridad del proceso técnico.
Este nuevo elemento procesal podría alterar la valoración judicial sobre la imparcialidad del testimonio de Gregory y añade una capa de complejidad a uno de los casos más sensibles que ha enfrentado el sistema judicial dominicano en los últimos años.
