Patricia Ramírez, madre del niño Gabriel Cruz, asesinado en 2018 en Almería por Ana Julia Quezada, ha denunciado que ha recibido amenazas directas desde prisión por parte de la autora del crimen y ha expresado su preocupación por la «total falta de protección institucional».
En una rueda de prensa realizada en Almería, Ramírez ha pedido este miércoles medidas urgentes para evitar una «revictimización constante» de las familias afectadas por este tipo de casos.
Ramírez ha revelado que, desde hace más de un año, recibe información del interior y del exterior de la cárcel de Brieva (Ávila), donde cumple condena Quezada, sobre posibles irregularidades, como la posesión de teléfonos móviles, grabaciones de contenido sexual e incluso la preparación de un documental con la participación de la asesina confesa.
«La información que me llega es que Ana Julia tiene móviles. Hay personas que graban dentro, hay vídeos sexuales, hay grabaciones para un documental y hay personas que mueven dinero por ello», ha afirmado.
Según ha explicado, entre esos datos recibidos se encuentra una amenaza directa: «A ella se le ha oído decir que me quiere matar. Y lo ha dicho delante de otras internas. Eso me lo han hecho llegar personas que estaban dentro y fuera de la cárcel. He informado de esto, pero nadie me responde. Nadie investiga».
En esta línea, ha destacado que otras personas relacionadas con Quezada también estarían interesadas en «vengarse» de ella, y ha sostenido que recibe llamadas de desconocidos desde hace tiempo, algo que ya ha denunciado ante la Comandancia de la Guardia Civil de Almería.
Amenazas y chantajes Estas amenazas no ocurren en un vacío, sino en un entorno de falta de control institucional: «Sé que se alquilan teléfonos dentro de la cárcel, que hay intercambio de móviles, que se utilizan para llamadas, grabaciones o incluso para chantajear a otras internas», ha afirmado.
Patricia Ramírez ha insistido en que ha trasladado toda esta información, tanto por escrito como en persona, a diversas autoridades penitenciarias, judiciales y políticas: «No puedo más. Lo estoy denunciando y ni siquiera se me llama para preguntarme. Nadie me atiende, nadie me protege, nadie actúa», ha dicho entre lágrimas.
También ha denunciado la existencia de funcionarios implicados en estas irregularidades: «Sé de al menos cuatro. Lo he dicho. He puesto todo por escrito. ¿Qué más tengo que hacer?», se ha preguntado.
Ramírez ha explicado que todo esto ocurre mientras la responsabilidad civil derivada del asesinato de su hijo sigue sin resolverse: «Después de ocho años no ha habido una sola investigación patrimonial de Ana Julia. No ha pagado nada, no se le ha embargado nada, ni siquiera está declarada insolvente. Y mientras tanto, puede estar ganando dinero con un documental», ha lamentado.
Espacio mediático Ha criticado que se dé espacio mediático a condenadas por crímenes atroces: «¿A costa de qué se le está dando tanta fama a esta asesina? ¿Para qué? ¿Para vender nuestra amargura como espectáculo?», ha continuado. «Esto solo nos revictimiza. Nos vuelven a matar un poco cada vez que sacan su nombre, su imagen, su historia. Nos roban el duelo, la intimidad, la paz».
En ese sentido, ha reclamado la aplicación real del Estatuto de la Víctima y del marco europeo de derechos fundamentales: «Ese estatuto dice que hay que tratar con respeto y proteger a la víctima. Pero aquí no hay respeto. No se me protege. Me siento absolutamente sola. El sistema me ha dejado sola».
