El abogado Carlos Balcácer aseguró este viernes que Berlinesa Franco comenzó a realizar contrataciones de emergencia grado a grado en el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi), antes de que saliera el decreto presidencial que declarara de emergencia compras y contrataciones de bienes y servicios a propósito del COVID-19.
De acuerdo con el abogado, esos procesos escapaban al control de la Dirección de Compras y Contrataciones Públicas, que en ese entonces era gestionada por su cliente Yokasta Guzmán, quien ha comparecido tres veces a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), para ser interrogada sobre los procesos de compras irregulares realizados cuando Berlinesa Franco lideraba el Inaipi.
“Bajo la gerencia de Berlinesa Franco, antes de salir el decreto de Danilo Medina autorizando las contrataciones de emergencia, hubo contrataciones de grado a grado que escapaban al control de la Dirección de Contrataciones Públicas”, expresó el Balcácer.
Sobre Plan Social
El abogado dijo que también en el Plan de Asistencia Social de la Presidencia, en la gestión de Iris Guaba, se hicieron contratos grado a grado que involucran más de 1,700 millones de pesos.
En tanto que Yokasta Guzmán consideró que cada institución es responsable de las licitaciones y compras que realiza, además, expresó que cuenta con documentaciones para probar que durante su gestión como funcionaria se manejó con transparencia.
La exfuncionaria y su abogado se expresaron a la salida de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, donde habían acudido a un citatorio, por tercera ocasión en las últimas semanas, para declarar en relación con presuntas irregularidades en el proceso de compras en el Inaipi.
Guzmán reveló que las autoridades volvieron a citarla a comparecer el próximo viernes 18 de diciembre.
Denuncias en la Pepca
El pasado mes de octubre, el actual director de Compras y Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, depositó tres expedientes ante la Pepca para que sean investigados algunos procesos de compras irregulares que habrían sido realizados en el Plan Social de la Presidencia, que dirigía Iris Guaba, y en el Instituto Nacional de Atención a la Primera Infancia, durante la administración de Berlinesa Franco.
El total de los fondos irregulares asciende a 268 millones de pesos, según denuncias de Pimentel.
