El Gobierno del presidente Donald Trump continuó este jueves su política antiinmigración con nuevas regulaciones que hacen casi imposible que los extranjeros obtengan asilo en Estados Unidos y que entrarían en vigor nueve días antes de la inauguración del presidente electo Joe Biden el 20 de enero próximo.
La nueva reglamentación ordena a los funcionarios y jueces de inmigración que rechacen las solicitudes de asilo de las personas que hayan ingresado ilegalmente a Estados Unidos, que hayan usado documentos falsos, o que hayan pasado por otros países sin pedir primero asilo en otras partes.
«Estas nuevas regulaciones liquidan el salvavidas que necesitan quienes huyen del peligro y reiteran una versión falsa promovida por el Gobierno de Trump: que la seguridad de las fronteras solo puede obtenerse terminando el sistema de asilo», dijo Jennifer Minear, presidenta de la Asociación de Abogados de Inmigración (AILA).
Aaron Reichlin Melnick, del Consejo Estadounidense de Inmigración, opinó que estas medidas «ponen el asilo fuera del alcance de todos excepto algunos pocos afortunados».
Desde que llegó a la Casa Blanca en enero de 2017, Trump ha dirigido de manera constante una política que restringe la inmigración, rechaza a quienes buscan asilo y hace más complicada y costosa la obtención de residencia legal y la adquisición de la ciudadanía estadounidense.
Según el Consejo Estadounidense de Inmigración, el Gobierno de Trump ha modificado unas 400 regulaciones en los sistemas de inmigración y asilo que presentarán un desafío a la Administración de Biden, quien ha prometido medidas urgentes en materia de inmigración.
Desde 2019, el Gobierno de Trump ha rechazado a decenas de miles de personas que llegaron a la frontera sur, se presentaron a las autoridades y solicitaron asilo, enviándolas de regreso a México y América Central a la espera de la audiencia de inmigración que les provee la ley estadounidense.
Entre otras medidas, el Gobierno de Trump ha procurado la terminación del programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), creado en 2012 por el entonces presidente Barack Obama, que ha protegido de la deportación a cientos de miles de inmigrantes indocumentados traídos al país cuando eran menores de edad.
Asimismo, dispuso la terminación del estatus de protección temporal, o TPS, para los ciudadanos de varios países que han escapado de conflictos armados o desastres naturales.
Todas esas medidas han sido cuestionadas en tribunales y han quedado en suspenso, o han sido refutadas por jueces federales. El Tribunal Supremo tiene ante sí ahora una decisión final sobre el programa DACA.
«Huir de peligros mortales en busca de seguridad duradera es un esfuerzo hercúleo, y obtener la seguridad no debería serlo. El Gobierno de Estados Unidos, ciertamente, no debería seguir erigiendo barreras que obstaculizan enteramente el asilo», dijo hoy Benjamin Johnson, director ejecutivo de AILA.
