Nueva York – Más de una semana después de que una turista estadounidense supuestamente incendiara varios negocios en Cabo Rojo, Puerto Rico, la sospechosa sigue sin ser arrestada.
La mujer, a quienes los comerciantes afectados y su empleador identificaron como Danielle Renee Bertothy, habría abandonado la isla poco después del incidente reportado en las primeras horas del 2 de enero.
Ayer transcendió, erróneamente, en medios dentro y fuera de Puerto Rico que la mujer había sido arrestada.
Los reportes surgieron luego de que un video del allanamiento en su residencia en la ciudad de St. Peters, Missouri, circulara en redes sociales.
🗣️ Clara Himel, portavoz del Negociado de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), aclaró a preguntas de Cuarto Poder (Wapa-TV) que el vídeo que circula en redes sociales es un allanamiento que hicieron los agentes de ATF de Kansas en la residencia de Danielle… pic.twitter.com/fi7PP6JHrL
— Jay Fonseca (@jayfonsecapr) January 8, 2025
Oficiales de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) fueron quienes ejecutaron la orden de allanamiento.
Clara Himel, portavoz de AFT, confirmó en declaraciones a medios en la isla que oficiales de la división de Kansas City, registraron la casa.
“La oficina de ATF en Kansas City ejecutó una orden de registro en su residencia durante el día de hoy”, indicó la portavoz mediante declaraciones escritas a El Nuevo Día.
Himel es la oficial de información de la oficina de la ATF en Miami, Florida, que atiende los asuntos relacionados con Puerto Rico.
Las autoridades federales rechazaron que la mujer haya sido arrestada.
“He visto el video yo misma. Ella (Bertothy) no ha sido arrestada”, confirmó Himel.
No está claro si, en efecto, la mujer en las imágenes es la sospechosa.
Tampoco hay información sobre las razones por las que Bertothy no ha sido arrestada. Los federales se limitaron a notificar que hay una investigación en curso.
A nivel local, la División de Explosivos de la Policía en Mayagüez continúa la investigación de los incendios que afectaron los negocios Marinera, Bar Barea Restaurant, Artesanías Juavia y Luichy’s Seaside Hotel en la carretera PR-3301 por la zona costera de El Combate.
En el proceso, reciben asistencia de la oficina de ATF en Miami.
El teniente a cargo de la pesquisa en Puerto Rico, Miguel Rivera Sepúlveda, adelantó ayer que pronto se podrían estar presentando cargos en ausencia contra la sospechosa.
Un ángulo clave del caso son los cuestionamientos al manejo que hizo la Policía Municipal de Cabo Rojo de las denuncias contra Bertothy.
Los comerciantes alegaron, entre otras cosas, que alertaron a agentes de la actitud peligrosa y beligerante de la mujer en al menos dos ocasiones y estos no la detuvieron.
El incendio se reportó poco después de esa segunda alerta cuando los propietarios de Bar Marea cerraron el negocio.
Los encargados se habían negado a seguir atendiendo a la fémina que supuestamente estaba borracha y agrediendo verbalmente y físicamente a otros clientes y miembros del personal.
“A leguas se le veía que estaba tomando, se sentó en una de nuestras mesas y luego de pedir unos shots, comenzó a insultar a los demás comensales e incluso agredir a una dama y una de las meseras”, detalla una entrada de los propietarios de Bar Marea en Facebook.
Imágenes de cámaras de seguridad muestran a una mujer, que sería Bertothy, con un galón de gasolina por la zona.
El alcalde de Cabo Rojo, Jorge Morales Wiscovitch, decidió pedir al comisionado de la Policía Municipal que separara de sus labores al policía que intervino con la mujer en tanto culmina la “exhaustiva” investigación que ordenó y cuyos resultados podrían estar disponibles esta semana.
“Si hay que tomar también (otra acción y) aplicar el reglamento de la Policía a uno o algún otro de los policías, pues así hacerlo, porque entendemos la molestia del público, por el video que está circulando”, añadió Morales Wiscovitch en entrevista con El Nuevo Día.
Por otro lado, el ejecutivo municipal anticipó que se estaría comunicando con el Banco de Desarrollo Económico (BDE), para identificar ayudas para los comerciantes cuyos establecimientos resultaron afectados.
Justo después del incidente, Ángel Luis Marrero, propietario de Luichy’s Seaside Hotel, estimó los daños en $500,000.
Habla propietario de Airbnb en el que se hospedó Bertothy
Por su parte, el propietario del Airbnb donde la estadounidense se estaba quedando declaró a Latino Newsletter que se suponía que la mujer se hospedara del 30 de diciembre al 11 de enero.
El artículo publicado el 6 de enero señala que la persona, que pidió permanecer en el anonimato, dijo que a Berthothy se le proveyó un cilindro de gas y un generador de electricidad luego de que en la isla se reportara un apagón el 31 de enero.
La fuente afirmó que la turista abandonó el país el mismo día en que se reportaron los fuegos.
El encargado explicó que había compartido la información con la Policía de Puerto Rico y que la compañía Airbnb le indicó que las autoridades debían presentar una orden de citación para información de contacto relacionada con la cuenta.
El entrevistado además informó que intentó contactar a Bertothy a través de la plataforma de Airbnb y el número de teléfono asociadocon la misma, pero no le respondieron.
Carta de concejal boricua de Missouri
El caso adquirió mayor visibilidad a nivel federal luego de que la concejal de St. Louis, Missouri, Daniela Velázquez, enviara una carta a HLK, agencia de publicidad en la que laboraba la fémina para que tomaran acciones contra ella con base en la gravedad de los hechos y las alegaciones.
“Como una compañía con base en St. Louis con una reputación de compromiso con la diversidad e impacto comunitario, confío en que van a revisar la situación con la seriedad que requiere. Su respuesta va a enviar un poderoso mensaje sobre vivir de acuerdo con los valores y las comunidades a nivel mundial”, planteó Velázquez, de origen boricua, en la misiva.
A raíz del envío del documento, la compañía dijo que suspendió a Bertothy en espera de mayor información.
“Nosotros estamos indignados por este acto insensible y esperamos que las autoridades puedan atender el asunto en un tiempo oportuno”, respondieron.
Desde la empresa además detallaron que no habían sido contactados por las autoridades en Puerto Rico, pero que estarían colaborando con cualquier pesquisa a solicitud de los encargados en la isla.
En esta misma dirección se expresó el Departamento de Policía en St. Peters. La entidad indicó el 4 de enero, por medio de un comunicado, que su División de Investigación Criminal está al tanto de la información divulgada en redes sociales, así como de las gestiones de las autoridades puertorriqueñas para esclarecer el caso.
Para ese momento, el Departamento no había sido contactado por investigadores en la isla. Añadieron que no contaban con órdenes de arresto emitidas contra la persona señalada.
“Es importante notificar que el alegado crimen ocurrió en Puerto Rico, por lo tanto, el Departamento de Policía de St. Peters no tiene ninguna autoridad independiente en esta investigación. Nuestro departamento asistirá a las autoridades en Puerto Rico si es requerido”, concluyen las declaraciones escritas.
