La Comisión Justicia Cuba pidió este jueves aplicar la Ley Magnistki a funcionarios del castrismo, por crímenes de lesa humanidad.
Durante la conferencia de prensa difundida por ADN Cuba, el abogado, René Bolio, dedicó unos minutos a pronunciarse sobre el rapero Denis Solís, condenado a ocho meses de prisión por supuesto «desacato», lo que ha provocado varias protestas en el país, sobre todo del Movimiento San Isidro.
«Denis Solís fue arrestado por nada, por expresarse. Esto provocó que el movimiento san Isidro protestara mediante la huelga de hambre en La Habana y esto fue muy importante porque se unió un nuevo sector de la población que normalmente estaba callada como científicos y artistas», añadió al respecto.
Sobre las acciones que dicha Comisión ejecutará para seguir pujando por la democracia en la isla, Bolio explicó que solicitarán al presidente de EE.UU que incluya de nuevo a Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo.
También pedirán al Departamento del Tesoro que se aplique la Ley Magnistki sobre los funcionarios del régimen, que consiste básicamente en prohibir la entrada a Estados Unidos y congelar bienes de violadores de derechos humanos en todo el mundo.
También extenderán esta petición a países con legislación similar como Canadá, Reino Unido y la Unión Europea (UE).
Comisión Justicia Cuba tiene en su página oficial una lista de 43 personas identificadas como violadoras de derechos humanos en Cuba, con el general Raúl Castro a la cabeza.
Algunos de los funcionarios participaron en el hundimiento del remolcador «13 de marzo» en 1994, otros tendrían responsabilidad en la muerte de Orlando Zapata por huelga de hambre en una cárcel cubana, e involucrados en el asesinato en el aire de los pilotos de Hermanos al Rescate.
Cabe destacar que dicha ley comenzó a aplicarse para funcionarios de Rusia en el 2012 y a nivel global desde diciembre del 2016.
Esta organización también denunciará formalmente al gobierno cubano ante la Comisión de DDHH de la ONU, Organización de Estados Americanos (OEA) y ante la Corte IDH.
«Ya no es un gobierno o Estado, es un grupo actuando criminalmente y en términos jurídicos una empresa criminal conjunta», agregó el jurista.
