Los jueces de la Segunda Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, aplazaron este miércoles para el lunes 11 de noviembre a la 9:00 de la mañana, el conocimiento del recurso de apelación presentado por Hugo Beras, Jochi Gómez y Pedro Vinicio Padovani Báez, implicados en la presunta estafa en la operación Camaleón.
El aplazamiento se debe a solicitud del Ministerio Público, quien solicitó tiempo al tribunal para estudiar los recursos de apelación de Hugo Beras y Pedro Vinicio Padovani Báez.
Así lo informó a su salida de la sala de audiencias el abogado Luis Rivas, representante legal de Jochi Gómez.
“El aplazamiento se debe a los fines de darle oportunidad al Ministerio Público de que tomarán conocimiento y que organizarán sus medios de defensa con respeto al recurso de apelación de Hugo Beras y Pedro Vinicio Padovani Báez, que no se le había notificado”, detalló el jurista.
Se recuerda que la a jueza Fátima Veloz, de la Oficina de Atención Permanente de esta jurisdicción, dictó 18 meses de prisión preventiva en Najayo para Hugo Beras, Jochi, y Pedro Vinicio Padovani Báez, por presuntamente firmar un contrato irregular entre el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) y la empresa Transcore Latam.
Se impuso arresto domiciliario e impedimento de salida del país a Samuel Baquero Sepúlveda, exdirector de Tecnología del Intrant, y una garantía económica de dos millones de pesos a Frank Rafael Atilano Díaz Warden, quien se desempeñaba como coordinador de Despacho y representante de Hugo Beras ante el Comité de Compras de la institución reguladora del tránsito.
En tanto que Juan Francisco Álvarez y Carlos Peguero se les impuso una garantía económica y el impedimento de salida del país.
Según el expediente acusatorio todos los acusados habrían cometido irregularidades por un monto de 1,317 millones de pesos.
El Ministerio Público señala a Hugo Beras, exdirector del Intrant, como el responsable de dirigir y autorizar la adjudicación fraudulenta a una empresa que no contaba con las capacidades técnicas requeridas en el proceso de licitación, mediante el cual se contrató a Transcore Latam.
Los involucrados son investigados por desfalco al Estado, estafa, falsificación, contrabando, terrorismo y sabotaje de infraestructura crítica, utilizando tecnología avanzada para sus actos ilícitos.
