El Ministerio Público incorporó como prueba, ante el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, un informe de la Contraloría General de la República, que revela irregularidades en pagos por más de 310 millones de pesos, vinculados a procesos de compras durante la gestión de Wilfredo (Freddy) Hidalgo Núñez como ministro de Salud Pública en 2013.
Hidalgo es uno de los acusados en un supuesto entramado de corrupción que habría desviado más de 4,500 millones de pesos y que fue desmantelado a través de la operación Antipulpo.
El principal acusado de esta supuesta red es Alexis Medina, hermano del expresidente Danilo Medina.
Según el fiscal Ernesto Guzmán Alberto, de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca), la liberación de estos pagos se logró mediante una solicitud de dispensa dirigida al excontralor general de la República, Rafael Germosén, por Hidalgo, exministro de Salud Pública, la cual careció de la legalidad necesaria.
Durante la audiencia de este miércoles, el auditor Amisael Félix Vicioso, quien lideró la investigación, testificó que “toda liberación de pago debe estar firmada por el contralor general de la República”, precisó el Ministerio Público en un comunicado.
Indicó que las 25 órdenes de compra revisadas, vinculadas a medicamentos de alto costo e insumos adquiridos para la Semana Santa de 2013, no cumplían con la Ley 340-06 de Compras y Contrataciones ni con su reglamento de aplicación.
Entre los hallazgos, Félix Vicioso identificó irregularidades como la falta de publicación, la autorización de compras con fecha posterior a la recepción de las ofertas, y coincidencia entre la fecha de solicitud de cotización y la fecha límite para entregar la oferta.
También destacó que, además, de no haber cumplido con el proceso de compras y contrataciones, no le fueron realizados contratos a los mismos.
Respecto a los pagos, el auditor señaló que hubo irregularidades vinculadas a la violación de la Ley 340-06, a pesar de lo cual se pagaron más de 310 millones de pesos, de los cuales más de 260 millones estaban destinados a la compra de medicamentos de alto costo y más de 49 millones a la adquisición de kits y material gastable para Semana Santa 2013.
El auditor mencionó a las empresas General Medical Solution A.M., y Domedical Supply, ambas vinculadas al acusado Alexis Medina Sánchez, como beneficiarias de algunos de estos pagos, afirmó el comunicado.
Por su parte, la auditora Rosa Iris Fanis, de la Contraloría General de la República, quien investigó las 25 órdenes de pago, expresó que los procesos de compra carecían de la publicación en periódicos y de actas de adjudicación, y que el proceso de compra, realizado bajo la modalidad de urgencia, incumplió varios requisitos legales.
“Faltaba el informe pericial, se omitió el plazo establecido entre la convocatoria y la licitación, y hubo incongruencias en la compra”, afirmó la profesional.
La testigo Carmen Magalys Baltazar Carpio, quien trabajó en la Consultoría Jurídica del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MISPAS), también fue presentada.
Baltazar Carpio elaboró un informe legal en octubre de 2013 en ocasión de una licitación pública para la compra de medicamentos para enfermedades catastróficas.
Según su testimonio, “algunas empresas ni siquiera calificaban”, y mencionó que General Medical Solution A.M. no contaba con la autorización del fabricante del medicamento de alto costo, lo que hizo constar en su informe.
Además, la abogada Katherine Josefina Belén Peña, actual analista de verificación en la División de Verificación y Fiscalización de la Cámara de Cuentas, fue presentada para incorporar los informes de fiscalización patrimonial realizados a Freddy Hidalgo y a Rafael Germosén.
El tribunal que componen Claribel Nivar Arias, Yissell Soto y Clara Sobeida Castillo, recesó la audiencia hasta el próximo lunes 7 de octubre, a las 9:00 de la mañana, cuando la barra de la defensa continuará con el contra interrogatorio de Belén Peña.
