El anuncio del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional de repatriar hasta 10,000 migrantes por semana ha captado la atención de la opinión pública dominicana. Este operativo, que según el Gobierno busca reducir la presencia de inmigrantes indocumentados, se presenta como una medida firme para proteger la soberanía nacional.
Sin embargo, la implementación de estas políticas migratorias no puede evaluarse sin cuestionar las verdaderas intenciones y las consecuencias de largo plazo.
Desde hace décadas, los gobiernos de turno han enfrentado el desafío de la inmigración irregular, especialmente desde Haití. Sin embargo, lo que es difícil de ignorar es la falta de resultados tangibles.
Es innegable que el tráfico de personas y la falta de control fronterizo son problemas arraigados, pero ¿hasta qué punto estos operativos responden a una verdadera preocupación por la seguridad nacional y no a intereses económicos?
Una medida con tintes repetitivos
El actual gobierno de Luis Abinader, al igual que administraciones anteriores, ha prometido una solución integral al problema migratorio. No obstante, hemos visto operativos similares en el pasado, donde se ha hablado de repatriaciones masivas, pero con escasos avances reales en el control fronterizo a largo plazo. Entonces, ¿por qué esta vez sería diferente?.
Si bien la repatriación de migrantes puede parecer una solución inmediata y visible, ¿por qué no se ha atacado de raíz el verdadero problema: el lucrativo negocio que se esconde tras la inmigración ilegal? La trata de personas y el tráfico de indocumentados han sido actividades sostenidas en gran parte por redes corruptas que operan bajo la mirada cómplice de ciertos sectores del país.
La corrupción como motor silencioso
El tráfico de migrantes indocumentados no solo es un problema de seguridad fronteriza, sino también un negocio en crecimiento que involucra a múltiples actores. Desde funcionarios de bajo rango hasta empresarios y políticos, existe una red de complicidad que permite la entrada y permanencia de extranjeros sin los controles adecuados.
El problema es aún más preocupante cuando se observan las declaraciones oficiales. El propio vocero de la presidencia, Homero Figueroa, ha reconocido que los esfuerzos de la comunidad internacional y la misión de apoyo a la policía haitiana han sido limitados. Ante este escenario, resulta inevitable preguntarse: ¿Qué tan efectivos serán los operativos del gobierno si, en el fondo, no se erradican estas redes ilegales que continúan funcionando en la sombra?
Derechos humanos: ¿Un pretexto o una realidad?
Un aspecto clave que plantea este operativo es el supuesto respeto a los derechos humanos. Se ha prometido que las repatriaciones se llevarán a cabo bajo «estrictos protocolos» que garanticen la dignidad de los migrantes. Sin embargo, la historia reciente nos ha mostrado que muchas de estas deportaciones masivas han sido ejecutadas de manera improvisada, en condiciones poco dignas y con escaso seguimiento de las situaciones individuales.
El enfoque hacia la construcción de más infraestructura fronteriza y la capacitación del personal de migración, aunque positivo en principio, no responde a la cuestión de fondo: ¿qué garantías tienen los migrantes de que sus derechos serán respetados en un entorno donde el racismo y la discriminación hacia los haitianos están tan arraigados en la sociedad?
El costo político y económico de ignorar la realidad
La decisión de repatriar masivamente a los migrantes podría tener beneficios a corto plazo, principalmente en términos de popularidad. Para un gobierno que busca presentarse como firme defensor de la soberanía, esta medida será vista con buenos ojos por ciertos sectores nacionalistas. Sin embargo, hay que tener en cuenta el costo económico y político de estas acciones.
El despliegue de recursos humanos, tecnología avanzada y la ampliación de la infraestructura en la frontera son inversiones considerables. ¿Está el gobierno dispuesto a mantener esta política a largo plazo? Más importante aún, ¿qué tanto del presupuesto nacional se destina realmente a reforzar la frontera, en lugar de utilizar estos fondos para otros problemas apremiantes del país?
El beneficio de la duda
Es indiscutible que el problema migratorio es un reto complejo y que el Gobierno dominicano enfrenta presiones tanto internas como externas para actuar. No obstante, cabe preguntarse si este operativo masivo será la solución definitiva o si simplemente se convertirá en una estrategia temporal para apaciguar la creciente preocupación ciudadana.
Hay quienes argumentan que, aunque imperfecta, esta iniciativa es un paso necesario para restaurar el control en la frontera. Otros, más escépticos, creen que sin una voluntad real de desarticular las redes de corrupción y tráfico humano, estos operativos no serán más que otra muestra de política de espectáculo, donde los anuncios generan titulares, pero los resultados se quedan cortos.
En última instancia, el verdadero cambio no vendrá solo de repatriar migrantes, sino de enfrentar de manera decidida a aquellos que se benefician del caos en la frontera. Solo cuando se combatan de manera efectiva los intereses ocultos que han perpetuado esta crisis, se podrá hablar de una verdadera solución.
Un desafío sin resolver
La decisión del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional es un intento de abordar una crisis migratoria que ha sido ignorada durante demasiado tiempo. No obstante, las soluciones que se presentan no parecen atacar los problemas estructurales que alimentan esta crisis. Mientras no se enfrenten las redes de corrupción y el tráfico de personas, todo operativo será solo un parche temporal.
El Gobierno tiene la oportunidad de demostrar que este esfuerzo es diferente a los anteriores, pero solo el tiempo dirá si se trata de un compromiso genuino o de una estrategia para ganar puntos políticos.
