Nueva York – El director del FBI (Negociado Federal de Investigaciones) en Puerto Rico, Joseph González, aseguró que las pesquisas de la agencia por corrupción pública continuarán por lo que resta de año a pesar de que en noviembre se realizarán las elecciones generales en la isla.
El encargado de la oficina federal en el territorio explicó que la diferencia con los procedimientos en año electoral versus los corrientes es que las indagatorias se realizan de manera más confidencial.
“El FBI es una organización no política, no vemos colores, partidos, o quién ganó o perdió. Para nosotros no es relevante. Nosotros vamos a seguir haciendo nuestro trabajo. Ya se acabaron las primarias; pero, de igual manera, tenemos unas elecciones en par de meses. La política del Departamento de Justicia es que tenemos que asegurarnos que ninguno de los pasos investigativos que nosotros tomemos puedan parecer que estamos tratando o puedan influenciar unas elecciones. Normalmente, durante este periodo de tiempo, tratamos de mantener nuestras investigaciones lo más confidenciales posible. Pero eso no significa que nuestras investigaciones paran. Todavía seguimos siendo bien activos. Si llegan alegaciones, las vamos a investigar; pero es una consulta que se hace entre nuestra oficina y la Fiscalía Federal para el distrito de Puerto Rico. Si tiene que ver con un oficial electo, se tiene que hacer la consulta con el Departamento de Justicia y la División de Integridad Pública”, argumentó González, quien además sirvió como encargado de la oficina del FBI en México.
En entrevista exclusiva con El Diario de NY, el jefe del FBI en la isla argumentó que, aunque no existe una ley que establezca que la agencia tiene que limitar su trabajo durante año electoral, la oficina local que dirige se guía por una política establecida por el Departamento de Justicia federal.
“Es un memo, una política que salió a través del secretario de Justicia de EE.UU., Merrick Garland, donde indica que nuestros pasos investigativos no deben parecer que estamos influenciado una elección de una manera u otra”, agregó.
“Cuando usted dice que son más cuidadosos, usted está diciendo que no van a haber intervenciones en la calle o que no van a amanecer en la casa de un funcionario o político…”
“Depende, depende totalmente. Sí, tenemos el permiso, y todo en su lugar para hacerlo. Si la Fiscalía Federal con el Departamento de Justicia determina que tenemos que actuar, lo vamos a hacer. Pero, de igual manera, nuestro personal está en la calle todos los días. La diferencia entre ‘overt’ versus ‘covert’ (abierto versus encubierto)…overt es entramos en un sitio con las chaquetas del FBI haciendo un allanamiento. Nuestro método ahora es un poco más confidencial. Vamos a ir a los sitios, pero vamos a tratar de que las personas no sepan que estamos ahí. Las intervenciones van a hacer más discretas”, abundó.
“Pero usted sabe que la prensa siempre se va a enterar, particularmente si son funcionarios o políticos”, planteó El Diario.
“Si son arrestos, tan pronto se presenten a la corte, son documentos públicos. Eso sí va a salir. Pero, de igual manera, si tenemos que hacer una entrevista a un político, vamos a tratar de hacerla de una manera en la que no se entere la prensa. Ahora, se pueden enterar porque la misma persona que estamos entrevistando puede hacer esa divulgación, pero nosotros lo vamos a tratar de hacer de una manera que no dé esa apariencia”, reconoció González, quien en el 2012 fue supervisor de la escuadra de Corrupción Pública y Derechos Civiles en la isla.
A la pregunta de cuántos casos está trabajando al momento el FBI sobre corrupción pública en Puerto Rico, respondió: “No te puedo compartir ese número, pero te puedo dejar saber que estamos activos. Como mencioné, hubo primarias (el 2 de junio) y vamos a tener elecciones en noviembre. Vamos a asegurarnos que no vamos a tener impacto en las elecciones aquí en Puerto Rico, pero te puedo garantizar que estamos bien activos, y cualquier alegación que llega a nuestra oficina, la tratamos de la manera que se debe tratar, y seguimos investigando”.
González fue nombrado jefe de la oficina del FBI en Puerto Rico en julio de 2021.
Más arrestos por corrupción desde el 2020
Al menos desde el 2020, los arrestos y procesamientos de funcionarios corruptos y compinches por parte de las autoridades federales han acaparado los titulares de medios noticiosos y puesto en debate la magnitud de este problema en la isla.
En agosto de 2020, que era uno electoral, el FBI arrestó al entonces representante del PNP, Héctor del Valle.
Las acusaciones además incluyeron a dos de sus empleadas por incurrir en robo, soborno y conspiración como parte de un esquema de “ kickbacks” que se extendió por varios años.
En septiembre de 2022, el exlegislador del Partido Nuevo Progresista (PNP) fue sentenciado a 57 meses de cárcel tras declararse culpable. Además, se le ordenó la restitución de $190,000 dólares.
Ese mismo mes, Nickolle Santos Estrada y Mildred Estrada Rojas, las dos exempleadas de la oficina legislativa que participaron de los actos ilegales, también recibieron sentencias reducidas luego de admitir culpabilidad.
Las autoridades federales probaron que Del Valle infló de manera fraudulenta los salario de Santos, Estrada y otro individuo sin razón legítima, y corruptamente acordó que, de ese aumento ilegal, las empleadas se quedarían con una porción y le devolverían entre $500 y $2,000.
El caso de María Milagros “Tata” Charbonier
Asimismo, en agosto del 2020, agentes del FBI ejecutaron órdenes de arresto contra la entonces representante del PNP, María Milagros “Tata” Charbonier, y su esposo, Orlando Montes Rivera.
El hijo de la pareja, Orlando Montes Charbonier, también fue acusado. Sin embargo, los fiscales federales desestimaron los cargos contra este porque no tenían manera de probar que era culpable más allá de duda razonable, por lo que lo refirieron a un programa de desvío.
Frances Acevedo, ayudante de la política, también fue acusada en el caso.
Acevedo se declaró culpable y fue sentenciada, en febrero pasado, a 3 años y un mes de prisión.
El modus operandi se basaba también en “kickbacks”. En este caso, Charbonier le infló el salario a la ayudante de $800 a casi $3,000 bisemanalmente, y luego recibía entre $1,000 y $1,500 de vuelta.
En enero pasado, un jurado declaró a ambos culpables de todos los cargos que fueron presentados en su contra, que incluían conspiración, robo, soborno y recibir comisiones ilegales relacionadas a un programa que recibe fondos federales.
El pasado 17 de mayo, Charbonier y su esposo fueron sentenciados a 8 años y a 4 años y 9 meses de prisión, respectivamente.
En el caso de Charbonier, los fiscales habían pedido una condena de 15 años. De todas formas, en comparación con las sentencias impuestas en este tipo de casos, la de la exlegisladora es la más extensa solicitada en un caso de corrupción pública en Puerto Rico.
A preguntas de si 8 años son suficientes, en vista de que la fiscalía había pedido 15 años de cárcel, González respondió: “Para mí un día en la cárcel es mucho. Estamos hablando de personas que estaban en un alto nivel en la política de Puerto Rico y ahora está perdiendo su libertad. Para mí un día es mucho. La cárcel es un sistema hecho para los criminales más peligrosos, violentos; a mí no me gusta opinar sobre sentencias, si es mucho o poco. Yo siempre estoy orgulloso del trabajo que hacemos. Cuando entregamos los casos a la Fiscalía federal, estamos seguros que tenemos la prueba para obtener esa convicción. Los fiscales en este caso hicieron excelente trabajo, y, al final del día, la determinación es del juez o la jueza en el caso, y hay unas guías, así que estoy bien satisfecho con el trabajo que nosotros hacemos”.
Charbonier, quien llegó a presidir la Comisión de Ética de la Cámara de Representantes, apeló la semana pasada el veredicto y la sentencia. Su esposo hizo lo propio.
La necesidad de la cooperación ciudadana para procesar casos de corrupción
González, de origen boricua, argumentó que la manera más rápida de procesar a un corrupto es con ayuda de los propios cómplices o personas conocedoras del esquema en cuestión, y esto, inevitablemente, implica acuerdos de colaboración que se traducen en sentencias más bajas.
“Si usted tiene información y está haciendo las cosas ilegalmente venga donde nosotros antes que nosotros tengamos que salir a la calle, porque hay beneficios por la cooperación. Vimos eso en el caso de Félix “El Cano” Delgado, una sentencia de 12 meses”, ejemplificó.
“Algunas personas dicen: ‘es muy poco’, ‘no es suficiente en comparación con los crímenes que cometieron’. Yo sé que hay unas guías de sentencia. Pero, ¿hasta qué punto es justa la condena cuando es menos de 8 años, por ejemplo, como se ha visto en muchos de los casos de políticos que han resultado convictos?”, argumentó El Diario.
“Yo respeto la determinación del juez y las guías de sentencia. Pero, viendo los números, haciendo un análisis, la cooperación es algo bueno. En el caso de Félix Delgado, trajo información para nosotros que fue bien valiosa con la que pudimos desarrollar una investigación más extensiva. Esa fue parte de la determinación que hizo fiscalía cuando presentó la recomendación al juez”, respondió.
Delgado, exalcalde PNP del municipio de Cataño, fue sentenciado en marzo pasado a un año en prisión y tres en probatoria. Delgado además deberá cumplir con 150 horas de labor comunitaria y pagar una multa de $20,000.
Tras un acuerdo con la fiscalía, Delgado se declaró culpable de conspirar para cometer sobornos y comisiones ilegales en asociación con el empresario Oscar Santamaría.
Documentos del caso señalan que Delgado se enriqueció al aceptar pagos en efectivo y artículos de valor de la “Persona A”a cambio de que la compañía de este obtuviera contratos con el municipio.
La colaboración de Delgado se tradujo en el procesamiento criminal no solo de Santamaría, sino de otros alcaldes como el de Guayama, Eduardo Cintrón Suárez (PPD); el de Trujillo Alto, José Luis Cruz Cruz (PPD); y el de Guaynabo, Ángel Pérez Otero (PNP).
Otros ejecutivos municipales que fueron convictos de corrupción como resultado de la información brindada por Delgado fueron los de Aguas Buenas, Luis Arroyo Chiqués (del Partido Popular Democrático / PPD) y Javier García Pérez (PNP); así como el de Humacao, Reinaldo Vargas (PNP).
La sentencia al empresario Oscar Santamaría
Santamaría, de origen colombiano y quien encabezó esquemas de sobornos en varios pueblos a través de sus compañías Waste Collection Corp. Y J.R. Asphalt, Inc., fue sentenciado en abril pasado a dos años y medio de prisión.
Santamaría, quien además era abogado, deberá completar tres años de libertad supervisada, 150 horas de labor comunitaria, pagar una multa de $100,000 y devolver $6 millones.
“Y en el caso de Oscar Santamaría, 2 años de cárcel y a este hombre se le podría llamar el rey de los esquemas en los municipios. Algunos se preguntan por qué tan poco, 2 años, con tanta intervención que tuvo; básicamente extendió el esquema “corrupto” por varios municipios. ¿Cómo se explica esto?”, planteó este periódico.
“De igual manera, Oscar Santamaría cooperó en el caso, testificó, grabó, y eso también fue parte del análisis, el cálculo y la recomendación que hizo la fiscalía y tomó la determinación final la jueza. Ese es el sistema de justicia en el que vivimos, y la tenemos que respetar. Otro punto bien importante: queremos fomentar la cooperación, porque sin estas personas nosotros no podemos hacer el caso, o lo podemos hacer, pero no tan ágil; nos va a tomar mucho más tiempo”, insistió González quien empezó su carrera en Nueva York en el 2003 como agente especial investigando precisamente delitos de cuello blanco.
El juicio pendiente a la exgobernadora Wanda Vázquez
En meses recientes, otro de los casos más sonados ha sido el de la exgobernadora Wanda Vázquez, quien fue acusada en agosto de 2022 por participar en un esquema de sobornos relacionado con el financiamiento de la campaña primarista del 2020.
De acuerdo con las autoridades federales, entre diciembre 2019 hasta junio de 2020, la entonces gobernadora conspiró con varios individuos incluyendo el banquero de nacionalidad venezolana e italiana Julio Martin Herrera Velutini; Frances Diaz, CEO y presidenta de un banco propiedad de Herrera Velutini que operaba en San Juan; el español Mark Rossini, exagente especial del FBI que brindó servicios de consultoría a Herrera Velutini; y John Blakeman, asesor político de la campaña de Vázquez.
Alegadamente, Herrera Velutini y Rossini se comprometieron a financiar la campaña electoral de Vázquez a cambio de que esta despidiera al comisionado de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF) de Puerto Rico y nombrara uno nuevo. En ese momento, Herrera Velutini era objeto de una investigación por parte de la OCIF.
La acusación señala que la entonces gobernadora aceptó la oferta, y en febrero del 2020, pidió la renuncia del comisionado y nombró a la posición a un exconsultor del banco de Herrera Velutini.
El inicio del juicio contra la exgobernadora del PNP está pendiente para enero de 2025. González vislumbra que los procesos se retrasen debido a la abultada evidencia en el caso.
“El lunes pasado (3 de junio) hubo una vista y creo que se va a tardar más el caso, pero, cuando den la fecha, nuestro equipo y la Fiscalía Federal vamos a estar listos para el juicio”, aseguró.
“Hay muchos documentos; hay mucha prueba; hay mucha evidencia. Sobre esa parte no puedo comentar mucho, porque como sabes, hay una ley de mordaza (gag order) en ese caso. No me gustaría hablar sobre eso”, agregó.
En ese sentido, abogados de defensa han planteado que mucha de la información se trata de duplicados o no es relevante. Además alegan que lo anterior atrasa el proceso de descubrimiento de prueba.
La semana pasada, la jueza del caso Silvia Carreño Coll denegó una solicitud para mover el juicio a otra jurisdicción, por lo que los procesos se realizarán en la isla.
Otros planteamientos de Herrera Velutini van en la dirección de que la supuesta cobertura sensacionalista del caso puede perjudicar sus probabilidades de prevalecer.
Carreño Coll estableció que la cobertura mediática “no puede decirse que ha sido sensacional en naturaleza”.
Añadió que el proceso de interrogatorio a los candidatos a jurado es la herramienta para asegurar que no haya parcialidad o prejuicio en contra del acusado.
“Los casos de corrupción los tratamos de la misma manera. Sabemos que son personas que fueron electos por el pueblo. Nuestro trabajo es obtener la máxima evidencia, y es una determinación que, cuando le pasamos la evidencia a la Fiscalía Federal, ellos hacen su análisis, y determinan si hay suficiente prueba para llevarlo a un gran jurado y a juicio al final del día”, argumentó González sobre este debate.
¿Cuán grave es el problema de corrupción en Puerto Rico?
A pesar de la recurrencia de casos de corrupción pública en P.R., a juicio del entrevistado, el panorama en la isla no es distinto a otras partes del mundo como EE.UU.
“En mi opinión, que yo he trabajo en EE.UU., fui el jefe de la unidad de corrupción en Washington D.C. por casi 2 años y medio, he trabajado casos internacionales, esto es un cáncer que vemos en todo el mundo. Son personas que son electos o tienen una posición oficial en el Gobierno que tienen esa codicia, y es algo en lo que estamos enfocados, porque el FBI tienen la jurisdicción primaria para investigar estos casos. Pero esto es algo que vemos en toda la nación, esto no es algo específico de P.R.”, expuso.
“Hay quienes plantean que esto de la corrupción es un asunto individual, cada cual decide si es corrupto o no; pero hay otros que dicen, ‘no, esto es un problema sistémico’, que es como si el sistema llevara a la gente a cometer este tipo de delito. ¿Qué piensa usted?”, cuestionó este periódico.
“Para mí, esto es algo individual, cada persona toma su decisión. Ahora, para cometer estos delitos, se necesita más de una persona. Estamos hablando que, en los casos de conspiración, son dos personas o más. O sea, tienen que haber esos acuerdos, pero no veo esto como algo sistemático. Personas tomando sus decisiones y llevándose a otras personas enredados”, puntualizó.
Pendientes a la sección de Puerto Rico en este Diario para la segunda parte de la entrevista al director del FBI en la isla, Joseph González
