Estados Unidos ha expulsado o devuelto en los últimos 10 meses a cerca de 600,000 extranjeros, en su mayoría migrantes que cruzaron la frontera de Estados Unidos con México, informó este viernes la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza.
Según la CBP, las detenciones por cruces indocumentados en esa frontera aumentaron en más de 16,000 durante febrero en comparación con enero pasado, pero el número sigue estando muy por debajo del histórico de diciembre de 2023, publicó la agencia de noticias Efe.
El comisionado interino de CBP, Troy Miller, resaltó que desde el 12 de mayo de 2023 hasta el 29 de febrero de 2024, el Departamento de Seguridad Interna ha expulsado o devuelto a sus países a más de 593,000 extranjeros, la mayoría de los cuales cruzaron la frontera suroeste, incluidos más de 93,000 personas que ingresaron como parte de una familia.
El mes pasado, las autoridades reportaron 140,644 detenciones de migrantes que intentaron cruzar esa frontera de manera irregular, en comparación con las 124,220 de enero. Sin embargo, esta cifra está lejos de las 249,735 detenciones de diciembre pasado, la cifra mensual más alta registrada.
En total, en la frontera suroeste de Estados Unidos se puso bajo custodia a 189,922 personas, incluyendo a los solicitantes de asilo que se presentaron en la frontera para presentar su caso, tras obtener una cita con la aplicación CBP One.
La Administración del presidente Joe Biden ha enfrentado críticas constantes por el aumento de la inmigración irregular por la frontera entre Estados Unidos y México, lo que ha llevado a la Cámara de Representantes, controlada por los republicanos, a poner al secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, al borde de un juicio político.
Esto también ha impulsado a gobernadores republicanos a respaldar medidas estatales que endurecen las leyes contra los indocumentados. El gobierno de Joe Biden actualmente mantiene un pulso legal con Texas para evitar que la ley SB4 sea puesta en vigor.
La medida, considerada una de las más antiinmigrantes, otorga a las autoridades en Texas la potestad de detener y expulsar a personas que consideren “sospechosas” de haber cruzado la frontera sur de manera irregular.
