QUITO. – El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, manifestó este jueves su respaldo a la Policía y a las Fuerzas Armadas frente a las denuncias «antipatria» de presuntas violaciones a los derechos humanos, emitidas por organizaciones en el marco de las intervenciones a las cárceles que controlan por las bandas criminales.
Durante un saludo a la Policía y a las Fuerzas Armadas a su llegada al aeropuerto Eloy Alfaro de la costera ciudad de Manta, Noboa elogió la labor de sus integrantes desde que declaró la «guerra» interna a la criminalidad organizada para frenar una escalada de violencia de las bandas criminales, a las que pasó a denominar grupos terroristas.
«Sin descanso, nos están devolviendo a la paz gracias a los contundentes golpes contra el crimen organizado», señaló el mandatario ecuatoriano, que consideró que Ecuador se encuentran librando «una de las batallas más duras de su historia».
«Aquí me tienen, y me tendrán defendiendo la integridad y el honor de las Fuerzas Armadas y de la Policía, y que ningún ‘antipatria’ nos venga a decir que estamos violando los derechos de nadie, cuando lo que estamos es protegiendo los derechos de la gran mayoría», apostilló Noboa.
Investigación ordenada por juez
El pasado fin de semana, un juez de Ecuador ordenó a la Defensoría del Pueblo investigar en 45 días presuntas acciones de tortura por parte de militares en varias de las intervenidas.
El magistrado constitucional Manuel Peña dispuso esa investigación a demanda del Comité de Familiares por Justicia en Cárceles, la organización que presentó un recurso de habeas corpus sobre la situación en las prisiones.
Asimismo, en su resolución, ordenó que se brinde atención médica ininterrumpida a los reos, así como seguimiento a su estado de salud mental.
También exhortó «a las Fuerzas Armadas a respetar la ley y enmarcar sus actuaciones en respeto a la dignidad», y señaló que el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad (SNAI), la agencia penitenciaria del Estado, debe «otorgar colchones, acceso a luz, agua potable, alimentación, útiles de aseo y de higiene personal de manera directa» a los reos.
Presos bajo tutela del Estado
Mientras, la Fundación Regional de Derechos Humanos (Inredh) recordó este jueves en un comunicado que «las personas privadas de libertad están bajo la tutela y protección del Estado, y por ende deben tener estas garantías mínimas, sin que ello implique barreras burocráticas y jurídicas que pongan en tela de duda estos actos de tortura».
«No negamos la responsabilidad de estas personas sobre actos ilícitos cometidos, pero ello no implica la pérdida total de sus derechos y menos aún de que puedan ser sometidas a tortura en el marco de controles militares», incidió el Inredh.
La organización defensora de los derechos humanos enfatizó que el control de la violencia que están autorizadas a ejercer las Fuerzas Armadas no implica un permiso para torturar, infligir tratos crueles e inhumanos «y menos aún desparecer o ejecutar extraoficialmente a personas»
«Hay que superar esta cultura de militarización, impunidad y la nuda vida, el Estado debe investigar estos actos, sancionarlos y proporcionar información a los familiares», concluyó.
Escenas similares a El Salvador
Las intervenciones permanentes de las Fuerzas Armadas y de la Policía en las cárceles comenzaron a darse desde el inicio del «conflicto armado interno» declarado en Ecuador por Noboa contra el crimen organizado, con el objetivo de requisar todas las armas, tanto de fuego como blancas, que tuviesen en su poder los presos, así como cortar sus comunicaciones ya que algunas prisiones disponían de internet.
Durante esos operativos se repitieron escenas ya vistas de intervenciones similares durante el mandato presidencial de Guillermo Lasso (2021-2023), donde los presos son apilados semidesnudos en los patios de las cárceles, de forma similar al tratamiento que se da en El Salvador a los pandilleros apresados bajo el Gobierno de Nayib Bukele.
Desde el comienzo del «conflicto armado interno» las fuerzas del orden han detenido a más de 8.000 personas en 37 días, de ellas 241 acusadas de presunto terrorismo, mientras que ocho presuntos delincuentes han sido abatidos.
Entre la cifra de abatidos no se encuentra todavía reflejado un colombiano muerto el miércoles en circunstancias que investiga la Fiscalía, después de que las Fuerzas Armadas reportasen haberlo abatido en un enfrentamiento armado con una presunta disidencia de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
