El proceso legal contra el futbolista Dani Alves, quien enfrenta acusaciones de violación a una joven en el baño de la discoteca Sutton en Barcelona en diciembre de 2022, comenzó este lunes con la discusión de cuestiones preliminares por parte de las acusaciones y la defensa.
En ese sentido salieron a la luz las primeras imágenes del exjugador del FC Barcelona desde enero de 2023, cuando fue detenido preventivamente. A Alves se le vio cabizbajo, con una franela blanca y pantalones azules, acompañado de un Mosso d’Esquadra.
La Audiencia de Barcelona programó tres días para el juicio, extendiéndose hasta el miércoles. La Fiscalía solicita una pena de nueve años de prisión, mientras que la acusación particular, representada por la víctima, pide 12 años.
La primera sesión del juicio comenzó con la presentación de alegaciones previas, donde tanto las acusaciones como la defensa pueden plantear al tribunal sus argumentos y solicitudes de último momento.
Alves ha estado en prisión preventiva desde el 20 de enero de 2023, fecha en que fue detenido por la Policía de Barcelona (Mossos d’Esquadra) en el despacho de su abogada después de que una joven de 23 años lo denunciara por violación ocurrida la noche del 30 de diciembre de 2022.
El futbolista fue trasladado desde la prisión en un vehículo policial y permaneció en los calabozos de la Audiencia hasta que los agentes lo llevaron a la sala donde se celebra el juicio.
Por su parte , la víctima testificará a puerta cerrada, con su imagen pixelada y voz distorsionada, mientras que las dos amigas que la acompañaban la noche del incidente en la discoteca Sutton están programadas para declarar como testigos en el juicio.
Mientras la Fiscalía busca una pena de nueve años de prisión y una indemnización de 150,000 euros ($160,983 dólares), la víctima elevó su solicitud a 12 años de prisión, la máxima por un delito de agresión sexual.
La defensa, representada por las abogadas Inés Guardiola y Miraida Puente Wilson, solicita la absolución de Alves, argumentando que no hubo violación y que la actividad sexual con la denunciante fue consensuada. A pesar de ello, plantean atenuantes, como la embriaguez y el pago de los 150.000 euros como fianza, en caso de una eventual condena.